MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El senior advisor de Blackstone en España, Claudio Boada, ha rechazado este viernes el nuevo real decreto de medidas urgentes sobre viviendas de alquiler que ha aprobado el Consejo de Ministros, al considerar que "discrimina sin razón alguna" a las operadores profesionales del alquiler, con normas específicas para ellos y limitando sus garantías como arrendadores.
"En definitiva, se trata de una normativa muy restrictiva en comparación con nuestros homólogos europeos y que va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una reducción de la oferta", denunció Boada, tras afirmar que la nueva norma "dificulta la operativa de una plataforma profesional del alquiler en España".
En opinión de Blackstone, la ampliación de los plazos del alquiler, las limitaciones a la revalorización de las rentas y la reducción de garantías en los alquileres de renta libre van a suponer que los precios de salida ofertados sean "más altos" para adaptarse al nuevo decreto, lo que va a perjudicar principalmente a los arrendamientos más asequibles, aquellos que están por debajo de 600 euros.
Asimismo, lamentó que con este real decreto el Ejecutivo habrá cambiado en menos de tres meses hasta tres veces la normativa del mercado del alquiler, lo que ha aumentado "enormemente la inseguridad jurídica" de los ciudadanos que son propietarios o inquilinos de una vivienda. "La nueva norma conducirá, como ya ocurrió con el anterior decreto, a una nueva paralización del mercado del alquiler hasta que se produzca su convalidación o desaprobación en el Congreso en los próximos 30 días", reiteró.
Para Blackstone, el aumento de la inseguridad jurídica no se circunscribe solamente al mercado del alquiler, ya que considera que también afectará a la inversión extranjera en España en el conjunto de sectores productivos.
Por todo ello, apuesta por un "análisis exhaustivo" y por un debate entre todas los operadores de este mercado, "condiciones que no se han dado en esta ocasión", y aboga por introducir cambios mediante la tramitación de un proyecto de Ley.
"Esperamos que el resto de grupos parlamentarios representados en las Cortes hagan un ejercicio de responsabilidad y apuesten por una legislación más positiva de cara a mejorar el funcionamiento del mercado", reiteran desde Blackstone, que añaden que 10 millones de inquilinos se van a ver perjudicados por estas medidas.
