Propone reformar el delito de prevaricación y las incompatibilidades de altos cargos y más medios judiciales
MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IU-ICV ha presentado una moción en el Congreso en la que pide al Gobierno que promueva un Pacto anticorrupción urbanística de todas las fuerzas políticas que implique a todos los ministerios, así como una "moratoria" de construcción en las zonas "saturadas" por la edificación y la creación de fiscalías anticorrupción en cada una de las comunidades autónomas afectadas por este fenómeno.
Esta moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, es consecuencia de la interpelación que la diputada de IU por Valencia, Isaura Navarro, formuló la pasada semana en la Cámara Baja a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y será debatida en el Pleno del próximo 25 de abril, tras el paréntesis de Semana Santa.
En su texto, IU-ICV detalla que el Pacto anticorrupción urbanística debe fijarse como objetivo "desterrar" ese hábito de las administraciones públicas y del sector urbanístico-inmobiliario. Para ello aboga por establecer medidas eficaces para detectar estos casos, investigarlos con la máxima celeridad y depurar responsabilidades con rapidez. Entre otras cosas, defiende la "expulsión automática" de los partidos de los presuntos implicados en las tramas.
NUEVA LEY DEL SUELO
En este sentido, demanda al Ejecutivo que presente este año reformas legales para dotar de transparencia a la regulación de incompatibilidades de todos los altos cargos de gobiernos municipales y autonómicos, en relación con responsabilidades empresariales o profesionales, de nivel directivo, vinculadas a la construcción y el urbanismo.
Asimismo, IU-ICV quiere el Gobierno elabore esta legislatura una nueva Ley del Suelo que evite la especulación, garantizando los derechos de los ciudadanos, fomentando su participación en la planificación urbanística, haciendo que ésta se guíe por directrices de sostenibilidad y necesidades reales y estableciendo una valoración del suelo "que no incorpore expectativas de revalorización".
Paralelamente, el grupo parlamentario que preside Gaspar Llamazares reclama la "ejecución urgente" de una "moratoria urbanística" para las zonas "saturadas" a través de la aplicación de las competencias en Medio Ambiente que tiene el Gobierno.
AGUA Y CAMPOS DE GOLF
IU-ICV apuesta también por la puesta en marcha de medidas que limiten y controlen el desarrollo urbanístico. Entre otras cosas, plantea acometer políticas reguladoras del mercado inmobiliario, ofrecer garantías de que la construcción de viviendas va ligada a las necesidades reales de la población, establecer una garantía de suficiencia de agua para cualquier construcción e incrementar la limitación territorial y medioambiental de la creación de campos de golf.
Además, defienden una reforma del delito de prevaricación "con el fin de garantizar su efectividad en la lucha contra la corrupción política ligada al urbanismo" y que se potencien y refuercen los recursos materiales y personales de la judicatura, la fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dirigidos a combatir los delitos contra la ordenación del territorio, contra la corrupción inmobiliaria, el blanqueo de dinero y las posibles decisiones o casos de prevaricación que se puedan producir en todo el Estado.
En este contexto, piden la creación de fiscalías anticorrupción en las comunidades afectadas por este fenómeno, con especial atención al caso de Murcia, "para mejorar la capacidad de investigación de todos los casos de abusos urbanísticos". Con este objetivo, IU-ICV reclama en concreto más medios materiales y humanos para las fiscalías de los tribunales superiores de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias, Andalucía y demás comunidades especialmente afectadas.
Por último, defiende la paralización y redimensión de los proyectos de grandes infraestructuras ligados al desarrollo urbanístico del litoral, como la autopista Cartagena-Vera, el aeropuerto de Castellón, la autovía de Ibiza o las desaladoras previstas para dar cobertura de recursos hídricos a proyectos urbanísticos "desorbitados".
