MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Euro 56, dedicado a la realización de tareas administrativas y gestión de hipotecas para entidades financieras, ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.
La quiebra de la firma ha convertido en acreedores a numerosos particulares que habían suscrito una hipoteca recientemente, según informó hoy Iure Abogados. Esta firma indicó que al menos ocho particulares se han puesto en contacto con sus abogados, pero que el colectivo de afectados puede superar el centenar.
Estas personas se han enterado de su condición de acreedores cuando han recibido una carta del juzgado. Los particulares desconocían la entidad que llevaba los trámites de su hipoteca para el banco por lo que, según la mencionada firma de abogados, la carta del juzgado ha sido la prima noticia que reciben sobre que son acreedores de Euro 56 y, en última instancia, también de la Administración.
Al parecer, Euro 56 incumplió la obligación de ingresar el pago de determinados impuestos relacionados con la compra de una vivienda con el dinero depositado por los clientes en los bancos con los que suscribieron la hipoteca y que trabajaban con esta firma.
Según la misma fuente, los afectados no tenían conocimiento de que se habían convertido en deudores de Hacienda, ya que realizaron en los bancos los ingresos correspondientes para que se abonaran los impuestos. Pese a ello, dicha deuda podría serles reclamada con intereses.
Iure apunta a que incluso en algunos casos, los acreedores han encontrado problemas para registrar la vivienda a su nombre por no haber pagado el impuesto correspondiente.
La firma de gestión de hipotecas para terceros cuenta con un capital social de 3,50 millones de euros y una póliza de responsabilidad civil de 2,40 millones de euros, según datos de su página de Internet.
Euro 56 fue declarada en concurso voluntario de acreedores el pasado mes de noviembre, si bien la correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se realizó el 1 de enero de este año. No obstante, y según esta firma de abogados aún no constan las otras dos publicaciones que son preceptivas para comenzar a computar el plazo de un mes para comunicar los créditos que se adeudan.
