Asegura que la Ley de Suelo no aportará soluciones a la "carestía del suelo" porque beneficia a las administraciones
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los casos de corrupción inmobiliaria se multiplicarán en las semanas previas a los comicios autonómicos y locales de mayo, cuando la "oleada de corrupción" alcance su "momento cumbre" por el uso político que las diferentes fuerzas podrían hacer de estas cuestiones, según el consejero delegado de Roan, José Luis Marcos.
En un artículo incluido en el informe "Valoraciones 2006. Tendencias 2007" de la asesoría inmobiliaria, Marcos sostiene que la corrupción será uno de los escenarios de enfrentamiento dentro de la campaña electoral, de forma que, el sector promotor "va a pasar un injusto vía crucis", ya que los casos de corrupción son en realidad "minoritarios". "La catarsis va a ser de aúpa, van a pagar justos por pecadores", añade.
El consejero delegado de Roan insta, por otro lado, a que estos casos "no se repitan", para lo cual propone "aplicar la ley a los infractores e introducir transparencia en los mecanismos de generación de suelo".
Desde el punto de vista legislativo, sostiene que "el mero hecho de que el avance del plan urbanístico, el documento inicial, las alegaciones y su resolución estuviesen colgadas en Internet 24 horas al día y 365 días al año, evitaría muchas actuaciones, cuanto menos, 'sorprendentes'".
Además, Marcos considera que existe una "excesiva independencia municipal a la hora de dirigir el lápiz del planeador urbanístico y a la hora de poner el cielo como límite de crecimiento urbano municipal", a la que los legisladores probablemente, asegura, "pondrán coto".
CADA VEZ MENOS SUELO.
Por otro lado, Marcos atribuye a las autoridades competentes en materia de urbanismo un "deseo" de cambiar el modelo vigente, que se traducirá en una cada vez menor posibilidad de "poner en marcha suelos".
En este sentido, señala que la próxima Ley de Suelo, actualmente en trámite de aprobación en el Senado, no aportará soluciones a su "carestía", ya que esta circunstancia favorece a las administraciones, que "a través de subastas de suelo financia muchas actividades, inversiones y gastos públicos sin tener que incrementar la presión fiscal".
"Aquí está la raíz del problema, las diferentes administraciones se lucran con el suelo no sólo para financiar la inversión, sino incluso los gastos corrientes", asegura.
Por tanto, si "la financiación de los ayuntamientos y entidades varias estatales o paraestatales está en la base de esta gestión tortuosa y poco productiva del suelos", ésta situación "perversa" solo se podrá solucionar "si el suelo y su gestión se liberaliza", opción muy criticada por la actual ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
En esta línea, sus críticas alcanzan a iniciativas legislativas como el Plan de ordenación del territorio de Andalucía (POTA), que actualmente tramita la junta de Andalucía y que prevé establecer un límite al crecimiento del suelo urbano en los municipios del 40% en ocho años y del 30% en el caso de la población.
