BADAJOZ, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Vivienda, María Antonio Trujillo, aseguró hoy que el Estado financiará más del 50% del coste de construcción de las 10.000 viviendas contempladas en el Programa de Vivienda Universitaria, que previsiblemente será presentado mañana ante en el Consejo de Ministros, con cargo al Plan de Vivienda Joven.
Trujillo, que participó en la conferencia inaugural de las IV Jornadas Inmobiliarias organizadas por la Escuela de Negocios de Extremadura ITAE, en Badajoz, aseguró que el programa pondrá a disposición de los universitarios viviendas de alquiler, por un precio que oscilará entre los 75 y los 200 euros.
Estas viviendas tendrán unas dimensiones entre 30 y 45 metros cuadrados, con uno o dos dormitorios, además de instalaciones comunes, y se construirán en suelo residencial y dotacional de las propias universidades.
El objetivo del proyecto es que los distintos rectorados universitarios y los propios Gobiernos regionales de las distintas comunidades autónomas se involucren en la construcción de las viviendas, como ya ha pasado, afirmó Trujillo, en Extremadura.
Con este Programa se quiere garantizar la igualdad de oportunidades para que todos los estudiantes puedan acceder a la carrera que deseen en cualquier universidad del país, favoreciendo asimismo la emancipación de los jóvenes, su independencia y acceso a la formación "del capital humano del futuro como valor añadido del proyecto", concluyó Trujillo.
NUEVA LEY DE SUELO.
Por otra parte, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, afirmó hoy en Badajoz que el texto de la nueva Ley de Suelo aunará las políticas de desarrollo urbanístico con el uso sostenible del suelo destinado a la construcción de viviendas.
La ministra explicó a los asistentes a las jornadas las principales novedades y objetivos básicos que aportará la nueva Ley de Suelo, actualmente en tramitación parlamentaria, y destacó que "será una nueva Ley para una nueva sociedad del siglo XXI".
Trujillo manifestó que los cuatro ejes básicos de la nueva norma son ampliar la transparencia del sector y la participación de los ciudadanos en la toma y en el control de las decisiones urbanísticas.
En segundo lugar, busca asentar las políticas urbanas sobre las bases de un desarrollo territorial y urbano sostenible. Además, pretende asegurar una mayor oferta efectiva de suelo para viviendas protegidas. Como cuarto fin tratará de aumentar la eficiencia de los mercados de suelo, desincentivando la especulación.
