MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia matizó hoy que su intención, en el marco del Plan de Emancipación y Fomento del Alquiler, de crear diez nuevos Juzgados de Primera Instancia para agilizar los procesos de desahucio, allí donde sea más necesario, no implica necesariamente que éstos estén especializados en esta materia.
Así, en el proyecto de Real Decreto correspondiente remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se precisa que estos juzgados deberían dedicarse "a juicios de este tipo, si los jueces lo deciden así en Junta, o bien para aliviar o repartir mejor la carga de trabajo, lo que por sí solo debe causar mayor agilidad".
En un comunicado, Justicia salió así al paso del informe aprobado ayer en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en relación al correspondiente proyecto de Real Decreto, en el que, pese a mostrarse favorable a esta medida, matizaba que en la práctica no eran necesarias crear instancias específicas para tramitar desahucios, ya que "ni la complejidad técnica ni la organizativa de los procedimientos arrendaticios" los justifican.
Además, el CGPJ puntualizaba en el informe, al que tuvo acceso Europa Press, que, en virtud de la Ley orgánica del Poder Judicial, "es el CGPJ el que únicamente tiene la competencia para, si lo estima oportuno, atribuir el conocimiento con carácter exclusivo de determinadas clases de asuntos a estos juzgados".
En este sentido, el Ministerio dirigido por Mariano Fernández Bermejo asegura que "es consciente de cuáles son sus competencias" y que, "dentro de las mismas", está impulsando la creación de estos juzgados.
Así, reconoció que "corresponderá a la Junta de Jueces de los partidos judiciales afectados determinar, por vía de reparto de asuntos, si se atribuye a alguno de ellos el conocimiento en exclusiva de los procesos arrendaticios" y que, en última instancia, es el CGPJ quien aprueba o no lo que puedan decidir estas Juntas.
Por ello, Justicia insistió en que no está promoviendo la creación de juzgados de desahucio o arrendamiento, sino de diez juzgados de Primera Instancia y que, en definitiva, "lo que se persigue desde el Gobierno es poner a disposición de los ciudadanos nuevas unidades judiciales, especialmente en aquellas demarcaciones con mayor carga de litigiosidad arrendaticia".
SON "IMPRESCINDIBLES".
En cualquier caso, el Ministerio de Justicia aseguró que la propuesta es "imprescindible" para dar respuesta a una "preocupación social" y que, por ello, la creación de estos juzgados se llevará a cabo "este mismo año".
El proyecto de Real Decreto remitido al Poder Judicial precisa la necesidad de constituir diez nuevos Juzgados de Primera Instancia para complementar o suplementar la administración de justicia en las ciudades en las que los juicios de desahucio por falta de pago suponen un tanto por ciento elevado respecto de la carga total de los Juzgados de Primera Instancia y, además, tardan en tramitarse.
Más aún, se precisa en dicho documento que el Ministerio de Justicia ha impulsado proyectos piloto que, "sin cambiar las leyes ni aumentar los medios", han puesto de relieve que las dilaciones en la ejecución de la sentencia puden desaparecer.
Según lo previsto en el texto, estos juzgados deberían crearse en Madrid (6 juzgados), Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y L'Hospitalet de Llobregat.
ALTERNATIVAS DEL CGPJ.
Por su parte, el CGPJ indica en su informe que, si bien no son necesarios nuevos juzgados específicos en materia de arrendamiento, estos procesos "pueden verse agilizados mediante la creación de las Oficinas de Señalamiento Inmediato".
A este respecto, el Consejo ya ha aprobado el Protocolo de Funcionamiento de las Oficinas de Señalamiento Inmediato y actualmente se encuentra desarrollando los trabajos precisos para la reforma del Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales para permitir la implantación de las referidas Oficinas.
Además, el documento precisa que los mayores inconvenientes que encuentran los Juzgados para la celebración de estos juicios en esta materia son las dificultades en cuanto a los actos de comunicación, que sólo tendrían solución de plasmarse en reforma legislativa sobre la manera de practicar dichos actos.
