MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) abogó hoy por acabar con la "discrecionalidad extrema" que las leyes atribuyen a los ayuntamientos como forma más eficaz para luchar contra la corrupción urbanística.
A su juicio, si una determinada reclasificación o recalificación puede hacerse legalmente tras llevar a cabo el cambio de ordenación que la impedía, "no había justificación para ese impedimento, más que obligar a pasar por taquilla al peticionario del cambio".
En este sentido, desde APCE se señala que, en muchas ocasiones, los ayuntamientos obstaculizan estos procesos para obtener un pago por parte de los promotores interesados en el suelo.
Además, la asociación, que presentó hoy una manifiesto contra la corrupción urbanística durante el XXV Coloquio Nacional de Promotores Constructores, aseguró que una mayor liberalización de suelo ayudaría a combatir la corrupción por cuanto "ya no sería necesario pedir excepciones ni, por tanto, pagarlas".
Además, apuntaron que la liberalización supondría una mayor oferta de suelo, y, por tanto, una mayor contención de los precios de la vivienda.
Por otra parte, los promotores propusieron para luchar contra la corrupción urbanística "revisar las clasificaciones y calificaciones de suelo, cambiando todas aquellas que sean susceptibles de ser modificadas", lo que, en su opinión, llevará en muchos casos a "clasificar como urbanizable suelos que, antes estaban clasificados como no urbanizables sólo por razones de oportunidad, pero sin justificación objetiva".
Por otro lado, propusieron "evitar que se solicite a los urbanizadores más prestaciones que las expresamente previstas en la ley", así como "la agilización en la tramitación burocrática de los instrumentos de planeamiento y control".
Asimismo, mencionaron como posibles soluciones la publicación en internet de todos los informes que recaigan en todos los expedientes, aplicar "con todo rigor" las leyes que sancionan las autorizaciones o licencias concedidas o consentidas con infracción de reglamentos, e introducir en el Código Penal, como delito específico, la financiación de los partidos políticos, obtenida como retribución de favores de naturaleza urbanística.
