TORRENT (VALENCIA), 25 May. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, instó hoy a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a presentar "directamente" sus propuestas en materia de vivienda a su departamento para que no se pierdan y vayan a otras autonomías las ayudas que no gestione el Consell. Afirmó que "donde no llega o no quiere llegar la comunidad autónoma", puede llegar "el Gobierno de España a través del Ministerio de Vivienda".
Trujillo firmó esta mañana en el Ayuntamiento de Torrent (Valencia), junto al presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, Javier Rodríguez Mañas, convenios de colaboración con 18 consistorios de la Comunitat Valenciana para dinamizar el mercado de viviendas de alquiler y posibilitar el acceso a un inmueble, "de calidad", a las personas menos favorecidas.
Los acuerdos se suscribieron con los consistorios de Aielo de Malferit, Aldaia, Benicarló, Cocentaina, Dénia, Elx, Gandia, La Vall d'Uixó, Ontinyent, Picanya, la Pobla de Vallbona, Requena, Sagunt, Sax, Villena, Vinaròs, Xirivella y Torrent, en un acto al que asistió también el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, junto a otros representantes de esta formación.
Tras rubricar los convenios, de los que se beneficiarán 700.000 ciudadanos de estas poblaciones, la titular de Vivienda destacó que cuando se creó su cartera, uno de los objetivos fue "incorporar el municipalismo a las políticas de vivienda y suelo del Gobierno de España".
En este sentido, indicó que "tenemos ahora la oportunidad no sólo de firmar convenios directamente con los ayuntamientos sino de que, dentro del Plan de Vivienda, los alcaldes puedan tener voz y voto en las políticas de rehabilitación y urbanización de suelos dedicados a vivienda protegida".
Así, valoró los acuerdos suscritos hoy en Torrent con 18 consistorios valencianos en materia de alquiler y los que esta tarde firmará en Valencia con otras localidades relacionados con la rehabilitación de inmuebles encaminada a las generación de viviendas protegidas, así como para la adquisición de urbanización de suelo para este tipo de vivienda.
María Antonia Trujillo, que felicitó a los representantes municipales por las "políticas públicas" que desarrollan, especialmente, "en materia de vivienda y suelo", animó a los primeros ediles a seguir "colaborando, ejerciendo y gestionando de forma eficaz" estas medidas.
De este modo, recordó a los alcaldes que pueden "dentro del Plan de Vivienda, plantear más proyectos para que la rehabilitación en vuestras ciudades pueda tener la ayuda del Ministerio de Vivienda" y que ésta "no se pierda en otras comunidades autónomas porque esta comunidad autónoma --en alusión a la valenciana-- no sea buena gestora y no ejecute las políticas de vivienda financiadas por el Gobierno de España al cien por cien".
La ministra invitó, en esta línea, a que "el dinero de esta comunidad, tanto en ayudas al propietario como en ayudas al inquilino, para nueva construcción de vivienda para jóvenes, adquisición de vivienda usada o urbanización de suelo, no se pierda y se lo puedan llevar otras comunidades autónomas".
En consecuencia, animó a los ayuntamientos de las tres provincias valencianas a presentar "directamente" sus "propuestas al Ministerio de Vivienda". Advirtió a las administraciones municipales de que a través de su departamento pueden recibir ayuda "para que ahí donde no llega o no quiere llegar la comunidad autónoma, el Gobierno de España pueda llegar a través del Ministerio de Vivienda".
FOMENTO DEL ALQUILER
Los convenios firmados esta mañana tienen como fin la colaboración entre cada uno de los ayuntamientos que los han suscrito y la Sociedad Pública de Alquiler para dinamizar el mercado del alquiler por medio de medidas como el ofrecimiento de las viviendas desocupadas a aquellos ciudadanos que demanden alquilar un inmueble, la difusión de información sobre ayudas públicas para arrendadores y arrendatarios y sobre los mecanismos de actuación de las entidades encomendadas para promocionar el alquiler.
Asimismo, la sociedad estatal y cada ayuntamiento se comprometen a intercambiar la información necesaria para lograr el cumplimiento de los acuerdos y ofrecer datos sobre el parque de viviendas disponibles en cada término municipal. Los acuerdos entran en vigor hoy y tendrán una vigencia de cinco años que podrán prorrogarse mediante un protocolo. Hasta la fecha trabajan con la Sociedad Pública de Alquiler 470 entidades privadas y 3.000 agentes colaboradores, y se han firmado convenios con diez comunidades autónomas y diversos ayuntamientos
El responsable de la Sociedad Pública de Alquiler sostuvo, al igual que la ministra, que en las comunidades autónomas donde "se ha ofrecido resistencia, no pensando en el ciudadano sino por motivos en los que primaba el protagonismo político o la oposición mal entendida, nos hemos dirigido a los ayuntamientos progresistas" para impulsar la promoción del alquiler. Dijo que éste ha sido el caso de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Javier Rodríguez Mañas, que valoró la labor de esta entidad para aprovechar la vivienda desocupada sin "ocupar suelo" ni "especular" y facilitar su acceso a los ciudadanos, se felicitó por la respuesta obtenida para este fin por parte de los empresarios en el alquiler de inmuebles, en concreto, dijo, en la Comunitat Valenciana, "un territorio muy activo en esta política" en el que la sociedad cuenta ya con más de 50 entidades colaboradoras.
Agregó que esta comunidad es la segunda en número de actuaciones desarrolladas a través de la sociedad --14 por ciento--, apuntó, y señaló que espera que en breve se pueda firmar con la administración autonómica un convenio en esta materia.
Por su parte, el alcalde de Torrent, Josep Bresó, que habló en nombre de los primeros ediles que firmaron los acuerdos, valoró la política de alquiler emprendida por el Ejecutivo central y subrayó el compromiso de la administración local para que "centenares de ciudadanos" puedan acceder a una casa a través de ella y "materializar" el artículo 47 de la Constitución que recoge el derecho a disfrutar de una vivienda digna.
