MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Registradores ha defendido que los aranceles en las inscripciones hipotecarias cuestionados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid fueron supervisados por el Ministerio de Justicia y contó con el visto bueno de la Abogacía del Estado.
En un comunicado, los registradores han sostenido que respetan las decisiones judiciales a pesar de mostrar su "absoluta disconformidad" con la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso.
Dicha sentencia estima el recurso interpuesto por Inmobiliaria Guadalmedina y anulado la minuta de honorarios que un registrador de la propiedad de Valencia giró a una promotora por la subrogación de las hipotecas.
"Los registradores aplican las disposiciones legales en materia arancelaria de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Justicia, que en la sentencia de este caso concreto, recaída en recurso interpuesto frente a una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, han sido defendidos por la Abogacía del Estado", defiende el Colegio.
Concretamente, el alto tribunal madrileño sostiene que los registradores aprovecharon una norma prevista sólo para supuestos de subrogación en el contexto del saneamiento de las entidades bancarias para inflar sus honorarios.
En el caso demandado, la promotora inmobiliaria abonó al registrador de la propiedad un importe aproximado de un 60-70% superior a lo que realmente correspondía en aplicación de la normativa vigente. Por este motivo, el tribunal falla que el Registro de la Propiedad de Valencia vuelva a emitir una factura "sin perjuicio de los demás descuentos o reducciones que resultaran aplicables".
