MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno continúa promocionando las bondades de su futura Ley de Dependencia. Hoy, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció que con el nuevo sistema que pretenden implantar unas 300.000 mujeres podrán cobrar ayudas económicas para cuidar a su familiar dependiente. Así, y en palabras del propio ministro, se compensará la situación de "muchas mujeres que no han podido ejercer una actividad laboral por quedarse a cuidar a sus familiares", otorgándoles una ayuda económica o "a alguien que podrá cuidar a sus familiares mientras ellas ejercen otra actividad laboral".
Las ayudas económicas que concederá la nueva normativa se asignarán según una escala, que se realizará en relación a dos factores básicos como son el grado de dependencia que sufre la persona y sus posibilidades económicas. Pero Caldera cree que estos no van a ser los criterios prioritarios "porque la mujer española lo que desea es tener una actividad laboral ajena".
En una entrevista publicada hoy en el diario 'La Vanguardia' el titular de Trabajo y Asuntos Sociales considera que el modelo que implantará la nueva ley servirá para dar una nueva oportunidad a aquellas personas que por las carencias del sistema actual no han gozado de más alternativas. Además aseguró que con la Ley de Dependencia garantizará "que ninguna persona se quede sin cobertura" y se configurará como "el cuarto pilar del bienestar".
Pero a la hora de establecer los plazos para la implantación del nuevo modelo Caldera se mostró más prudente y afirmó que para cumplir su promesa y dar cobertura a todas las personas afectadas "necesitamos un tiempo de implantación de ocho años". "Será al final del 2015 cuando todo el sistema este a pleno rendimiento y todas las personas afectadas por la dependencia estén atendidas".
EL 1 POR CIENTO
En el aspecto económico el ministro anunció que según los cálculos realizados por su departamento el gasto aproximado para hacer de la Ley de Dependencia una realidad será del 1 por ciento de la riqueza nacional, es decir, unos 9.400 millones de euros. Para afrontar este gasto propone una financiación que se asuma conjuntamente por todas las administraciones públicas. Según Caldera "el Estado financiará el núcleo básico, el derecho esencial, que es garantizar que cualquier usuario pueda acceder a estos servicios en cualquier territorio".
Además, anunció la firma de distintos convenios con las comunidades autónomas para "financiar la parte del gasto de la que el usuario no pueda hacerse cargo". Por último, Caldera aprovechó la ocasión para recordar que ya en 2003 el PP estuvo de acuerdo en que el sistema de dependencia fuera común para todo el territorio nacional y afirmó que le extrañaría que el PP cambiara de opinión "tan pronto" y solicitó a todas las fuerzas políticas que el debate de la Ley de Dependencia no se convierta "en un debate politizado en el peor sentido de la palabra".
