BRUSELAS, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel (en la imagen), considera injustificadas las indemnizaciones al sector del algodón por las pérdidas derivadas de la anulación de la reforma, decretada el pasado 7 de septiembre de 2006 por el Tribunal de Justicia por no haber realizado un estudio del impacto que tendría la reforma sobre los trabajadores y las empresas desmotadoras.
Aunque dice ser consciente de la "urgencia" del asunto, Fischer Boel recuerda que, a raíz de la sentencia, la Comisión comenzó a preparar una propuesta sobre el régimen de ayudas y que el estudio de impacto al que obliga el Tribunal y la preparación de la propuesta "han de ajustarse a las normas y trámites establecidos en las instituciones comunitarias".
Así, para preparar el estudio de impacto, el Ejecutivo comunitario ha publicado un anuncio de licitación para la realización de un 'Estudio sobre el sector del algodón en la Unión Europea', al tiempo que se han iniciado los trabajos internos para elaborar una propuesta sobre las ayudas.
"En vista de la sentencia del Tribunal, en la que se declara claramente que con el fin de evitar toda inseguridad jurídica en cuanto al régimen aplicable a las ayudas en el sector del algodón procede suspender los efectos de dicha anulación hasta que se adopte, dentro de un plazo razonable, un nuevo Reglamento, la Comisión no ve justificadas las indemnizaciones por pérdidas que puedan producirse antes de entrar en vigor una nueva normativa", indica la comisaria.
Fischer Boel responde así a una pregunta formulada por el eurodiputado del PP, Cristóbal Montoro, quien denuncia que la Comisión Europea "se limita a responder con evasivas a las demandas del sector", que reclama poner en marcha lo antes posible un nuevo régimen que garantice el mantenimiento del cultivo, de acuerdo con los compromisos legales que adquirió la Unión Europea en el Acta de Adhesión de Grecia.
"La actitud morosa de la Comisión Europea puede provocar la ruina de un sector económico que juega un papel de cohesión social en las zonas productoras, y el nuevo régimen podría no entrar en vigor en tiempo razonable, como solicitó el Tribunal en su dictamen", lamenta Montoro.
El eurodiputado alega, asimismo, que la producción española ha registrado en esta campaña una disminución del 60 por ciento y que si la tendencia se confirma muchas industrias desmotadoras podrían abandonar la actividad, "lo que haría totalmente inviable ese cultivo en muchas zonas".
Según Montoro, la Comisión ya da por hecho que el nuevo régimen no estará en vigor en 2007 y "no parece querer darse demasiada prisa en la conclusión de un estudio de impacto que tiene previsto encargar a una entidad externa mediante un procedimiento de licitación, lo cual dilatará aún más en el tiempo el cumplimiento de la sentencia".
