MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) propone ampliar la financiación universitaria en un total de 2.733 millones de euros en cinco años, con el fin de pasar de una inversión del 1,22 al 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para el sistema de enseñanza superior. Para este grupo de 14 expertos, el esfuerzo que requiere esta petición es "viable y compatible" con el actual contexto económico español y el de las finanzas públicas.
La Comisión reclama así en su informe 'Financiación del sistema universitario español: valoración de la situación actual, objetivos e instrumentos para alcanzarlos", aprobado hoy por este grupo de especialistas para su posterior debate en el Pleno, que se celebrará el próximo martes, que esta ampliación de recursos para la Universidad se consiga a través de un esfuerzo "compartido" del sector público y privado, en un 80 (2.186 millones) y un 20 por ciento (547 millones), respectivamente.
Las partidas públicas se destinarán, por parte de la Administración General del Estado, a ampliar las becas y ayudas al estudio, (244 millones), un fondo de fomento de la actividad investigadora (605,2 millones), otro para el reconocimiento de resultados de las universidades en investigación (292,9 millones) y la reordenación del sistema retributivo estatal de la productividad docente y de investigación, desarrollo e investigación (I+D+I) mientras que las comunidades autónomas otorgarán 800,5 millones para mejora de la calidad educativa.
En relación a la adaptación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los autores del informe, de un total de 65 páginas, calculan que no precisa una aportación de recursos para servicios educativos mayor al 1 por ciento del PIB, calculando la necesidad de una financiación adicional en torno al 0,1 y 0,12 por ciento del PIB en España. No obstante, especifican que no todos los sistemas regionales ni las universidades tienen "la flexibilidad estructural ni de regulación que exigiría una completa adaptación al cambio".
La atención personalizada al alumno, reduciendo el tamaño medio del grupo (más profesores, estructuras y equipamiento); un aumento de medios (laboratorios, bibliotecas, oferta de idiomas, más personal de apoyo al aprendizaje, más gasto en equipamiento docente) y su mayor disponibilidad para que el estudiante; el aumento de la duración de los grados respecto a los actuales estudios de primer ciclo y la disminución del abandono de los estudios que ocasiona que se deban impartir más créditos, son las cuestiones que prevén que aumentarán el gasto.
El coste del proceso de convergencia europea se contempla en la partida que corresponde a las comunidades autónomas, con cuya aportación adicional se perseguirá también mejorar la financiación por alumno, la cobertura de los costes de transición del actual modelo a la nueva organización de las enseñanzas de Grado y Postgrado, "con atención especial a las universidades con rigideces de raíz histórica" y asegurar un nivel estándar mínimo de la calidad investigadora de las plantillas de profesorado y los gastos de I+D+I.
CAPACIDAD INVESTIGADORA DE LOS DOCENTES.
Asimismo, la Comisión de Financiación, constituida el 28 de julio de 2004, considera de "importancia capital" que la determinación por parte de las comunidades autónomas de la subvención anual a las universidades públicas para financiar sus servicios educativos oficiales se realice considerando un modelo de costes referenciales de prestación de los servicios de educación superior, que diferencie "expresamente" el componente destinado a financiar la capacidad investigadora asociada a su personal docente e investigador.
En este sentido, aconseja que, en aras de promover la eficiencia y la eficacia del sistema, el cálculo de las subvenciones anuales se formule considerando como variable básica la demanda de servicios de enseñanza superior realizada directamente por los estudiantes y, específicamente, la de los nuevos alumnos que ingresan anualmente en cada titulación, ponderados por una tasa objetivo de permanencia (rendimiento docente, discente y tasa de abandono).
UN FONDO PARA I+D+I
Para el ámbito investigador, estos especialistas abogan por la creación y dotación de un fondo estatal, que considere la cobertura de los costes (excluidos los del personal académico) en los que incurren las universidades al desarrollar la actividad de I+D+i, considerando los proyectos públicos competitivos y los contratos de investigación y desarrollo tecnológico suscritos con empresas. Así, exponen que el importe asociado a los proyectos financiados por los planes nacionales es solamente del 19 por ciento de total de gastos, reclamando llegar al 35 por ciento.
La asignación de estos fondos consideraría los siguientes criterios y variables: dotación de un fondo para gastos generales inducidos por la actividad de I+D+i de las universidades, proporcional a los proyectos públicos competitivos y los contratos conseguidos por las universidades en función de los importes liquidados anualmente por cada institución y librados directamente a las mismas y financiación básica de las estructuras de investigación universitarias, a partir de un nivel de calidad y actividad acreditadas.
En esta línea, se apuesta también por un fondo estatal, con dotación del Estado y abierto a la participación de comunidades autónomas, instituciones, fundaciones, corporaciones y empresas, para costear diferentes instrumentos de reconocimiento de resultados estratégicos en la actividad de I+D+i desarrollada por las universidades para aumentar la relevancia científica de las publicaciones, las patentes triádicas y la difusión y fertilización científico-tecnológica del tejido productivo (inserción laboral estable de investigadores y tecnólogos, creación de empresas de base tecnológica.)
A todas estas propuestas, la Comisión ve "de especial relevancia" para potenciar la capacidad de las instituciones, alcanzar resultados y obtener recursos, la ordenación y adaptación de la oferta de enseñanzas de Grado, ajustando la intensidad con la que se ofertan determinadas enseñanzas universitarias que tienen una demanda reducida y diferenciar los precios públicos aplicables a las enseñanzas universitarias (Grado, Master y Doctorado), atendiendo entre otros factores, al nivel académico y la experimentalidad.
PENALIZAR PRÁCTICAS "INEFICIENTES"
También defienden "pautas de transparencia informativa y rigor de ejecución" en las políticas y modelos de financiación, pidiendo establecerlos con vigencia plurianual, para períodos de 4 ó 5 años; atendiendo a variables objetivas de actividad y resultados, penalicen y eludan expresamente las prácticas "ineficientes, intervencionistas o proteccionistas" e incorporen una proporción de un mínimo del 15 por ciento de financiación por resultados, suponiendo un incentivo y cierto nivel de riesgo si el cumplimiento es bajo.
En su análisis, los autores del texto reconocen que los sistemas universitarios de mayor calidad gastan "algo más" que España en servicios docentes y "bastante más" en investigación, desarrollo e investigación. Así, lamentan que un "significativo" número de universidades públicas no tenga mecanismos que establezcan "con claridad" el esfuerzo público de las autonomías, propiciando diferencias de financiación entre ellas "ajenas a cualquier elemento objetivo" pero reconocen que en los últimos años se ha avanzado "decididamente" en la convergencia de la suficiencia financiera.
