MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Santiago Senet, tramitará por separado las demandas interpuestas por los sobrinos de Isidoro Álvarez, Ramón, María del Rosario y María Jesús Areces Fuentes, que piden vender un 10% del 0,68% en acciones de El Corte Inglés que posee cada uno a precio de mercado, lo que supondría un importe de 32 millones de euros, según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press.
El juez dictó auto de resolución en el que desestima la "excepción de litispendencia" - juicio pendiente sobre una misma materia que podría llevar a sentencias contradictorias- entre estas demandas y la presentada por el cuarto hermano, César Areces. El próximo 11 de diciembre continuará la celebración de la audiencia previa suspendida hasta esta resolución.
La defensa de El Corte Inglés solicitó al juez el archivo "inmediato" de la demanda al entender que existía litispendencia. Asimismo, alegaron que la sentencia que dio la razón a César Areces desestimó todas las pretensiones del demandante, a excepción de la referida al precio, y declaró "válidos" todos los acuerdos aprobados en su día por el consejo y en las juntas de El Corte Inglés.
El Audiencia Provincial de Madrid se pronunciará dentro de un año sobre el recurso de oposición al fallo presentado por la empresa contra el fallo que dio al razón a César Areces. A su vez, mantiene depositada una fianza por valor de 98,5 millones de euros a la espera de la resolución del recurso.
La titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, dio la razón a César Areces y obligó al Corte Inglés a adquirir su participación del 0,68% por un importe de 98,5 millones de euros en contraposición a los 35 millones que ofrecía al empresa por sus acciones a valor teórico contable.
Los tres hermanos Areces, cuya defensa también la ejerce el despacho Jiménez de Parga, quieren poner a la venta el 10% de los títulos de El Corte Inglés que poseen cada uno por vía hereditaria y que a valor de mercado sumarían 32 millones de euros. Cada uno de ellos posee un 0,68% de las acciones del gigante distribuidor, porcentaje que a valor de mercado supondrían, según la sentencia de Iglesias que aprobó la valoración de los peritos contratados por los demandantes, un total de 295,5 millones de euros.
