SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de la Competencia, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, decidió incoar expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) a raíz de la denuncia presentada ante este organismo por la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía, que criticó la "competencia desleal" que el ente público ejerce sobre los puertos privados.
En el escrito de admisión a trámite de la denuncia de los puertos privados, al que tuvo acceso Europa Press, se apunta que este ente público "actúa contra sus competidores, los concesionarios de puertos deportivos, estableciendo sus condiciones de prestación del servicio y ofreciendo precios más bajos que los que el mercado le permitiría, gracias a la asignación presupuestaria que percibe y a su capacidad para actuar como reguladora".
En dicha denuncia, los puertos privados se lamentan del "abuso de posición dominante de la EPPA, que ejerce la gestión de determinados puertos deportivos", y apuntan que "las especiales condiciones económicas de esta entidad le permiten operar en una posición claramente ventajosa con respecto a los puertos gestionados por concesión administrativa, que han de amortizar las inversiones realizadas y satisfacer el canon a la Administración autonómica".
Según informó 'Málaga Hoy' en su edición de hoy, la denuncia fue presentada por los promotores privados, que integra a un total de 12 puertos deportivos andaluces, la mitad de ellos localizados en la provincia de Málaga.
En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, los puertos privados critican que la EPPA "compite en una posición de dominio con los titulares de las concesiones administrativas" y posee una "posición jurídica dominante" sobre estas empresas.
Los denunciantes lamentan que exista un "control de las tarifas", así como que el ente público tenga unas "condiciones económicas especiales" que le dan "ventaja" a la hora de competir.
En la denuncia se recuerda que de las 41 instalaciones portuarias existentes en Andalucía, 13 son gestionadas por la EPPA, de forma que "la empresa pública controla el 25 por ciento del mercado".
Lamentaron que en el año 2000 el ente público recibió 79 millones de euros en concepto de subvenciones, 88,6 millones en 2001 y 92,7 millones en 2002, "unas cantidades que resultan absolutamente desproporcionadas con los ingresos en concepto de facturación de las tarifas de atraque, que en ningún caso superan el 6,5 por ciento del ingreso en concepto de subvenciones, que fueron 4,4 millones en el año 2000; 4,7 millones en 2001 y 5,9 millones en 2002".
"Estos datos demuestran que las instalaciones portuarias deportivas de esa empresa pública no se gestionan con la necesidad de la obtención de una rentabilidad que garantice su continuidad", agregan los puertos privados en su denuncia.
Las empresas privadas pidieron que se investiguen las cuentas de la EPPA de los años 2003 y 2004 "tras las pérdidas registradas en 2001 y 2002, cifradas aproximadamente en 7,3 millones y 7,2 millones".
ALEGACIONES DE LA EPPA
Posteriormente la Empresa Pública ha formulado una serie de alegaciones donde se pide que se deje sin efecto la admisión a trámite de la denuncia que presentó la citada asociación, así como la incoación del expediente sancionador.
En dichas alegaciones la Junta apunta, entre otras cuestiones, que las cuantía de las ayudas "lamentablemente infladas no se destinan a la aludida competencia desleal sino a la construcción de infraestructuras básicas que la iniciativa privada puede acometer con el instrumento de la concesión de obra pública, pero que sólo atiende con razonables criterios de rentabilidad, debiendo la administración suplir tales carencias no sólo en puerto deportivos, sino pesqueros".
La Junta mostró su temor de que la pretensión de esta denuncia sea "acceder a la explotación concesionada de esas instalaciones ejecutada con dinero público, sin la debida contraprestación en canon, acorde con los criterios establecidos no sólo en la normativa autonómica sino estatal".
Además incidió que "tachar de competencia desleal la gestión directa cuestionaría más allá de la situación singular de los puertos de Andalucía, el sistema, no ya estatal sino comunitario, de gestión portuaria, al propugnar la improcedencia de la gestión pública de los puertos".
"EPPA, lejos de beneficiarse de privilegio alguno, soporta los gastos fundamentales de construcción y mantenimiento de las infraestructuras portuarias de la Comunidad, en las instalaciones de su competencia, ademas de ceder las instalaciones y bienes adscritos, por lo que no puede ser admitido tachar de competencia desleal el establecimiento de mecanismos que garanticen la correspondencia entre el valor de dichos bienes y el coste de los servicios prestados", agregó la Junta en sus alegaciones.
Frente a estas alegaciones, el Ministerio respondió al escrito de la Junta solicitándole una serie de datos, referentes a los recursos propios del ente, las fuentes de financiación, incluidas las subvenciones, los balances y cuentas de resultados de los ejercicios 2003, 2004 y 2005, los criterios efectuados para el establecimiento de las tarifas portuarias, el número de puntos de atraque que explota la EPPA en la actualidad, así como los gestionados por terceros, y el número de solicitudes de construcción de nuevos puertos y de ampliación de los ya existentes desde 2003.
