MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
IU-ICV afirmó hoy que mantiene su desacuerdo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2007, en tramitación parlamentaria en el Congreso, pero aseguró que ha logrado que el PSOE se comprometa a apoyar el aumento de determinadas partidas sociales.
El grupo indica en un comunicado que el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, mantuvo hoy una comida con el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, en la que, según IU-ICV, se han producido "aproximaciones importantes", si bien aún permanecen los "desacuerdos fundamentales" que impiden que la coalición de izquierdas esté cerca de apoyar las cuentas del próximo año.
Según IU-ICV, el PSOE se ha comprometido a aceptar la necesidad de incluir en los Presupuestos un fondo de nueva creación de alimentos para los hijos de matrimonios separados y divorciados, en el caso de que el progenitor que deba hacer frente a la manutención no cumpla con sus obligaciones.
Además, la coalición de izquierdas asegura que los socialistas han aceptado el compromiso de reforzar las cantidades originales asignadas al fondo municipal para financiar a las localidades menores de 20.000 habitantes, y han prometido cumplir de forma escrupulosa las previsiones de las memorias económicas de leyes como la de Educación o la futura sobre dependencia.
IU-ICV señala que siguen pendientes para contactos posteriores aspectos como el aumento de los créditos para la ayuda al desarrollo, el volumen del fondo destinado a política forestal y extinción de incendios, los refuerzos de la inspección de trabajo para atajar la siniestralidad laboral o la expropiación de fincas de algo valor ecológico para hacer frente a la especulación urbanística.
Entre los temas en los que no ha habido avance alguno y que forman parte de las demandas de IU-ICV, se encuentran la provisión de fondos para la deuda histórica de Andalucía y Extremadura, el impuesto sobre las viviendas vacías para fomentar el alquiler o todo lo relacionado con la necesidad de establecer criterios sobre un modelo de fiscalidad ecológica que, según la coalición, el Gobierno viene retrasando a lo largo de toda la legislatura.
