MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS)
El Gobierno se ha comprometido hoy con las comunidades autónomas a tener lista su propuesta sobre la reforma del modelo de financiación autonómica antes de fin de año, una vez que el grupo de trabajo que hoy se ha constituido en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) exponga en septiembre los principales problemas que presenta el sistema actual.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, indicó hoy, al término de la reunión del CPFF, que previamente, como plazo límite hasta marzo, las comunidades autónomas deberán presentar a este grupo de trabajo las propuestas que estimen oportunas. La intención del Gobierno es que el nuevo modelo pueda debatirse en sede parlamentaria a lo largo de 2007 (modificación de la LOFCA) y que entre en vigor el 1 de enero de 2008.
Sin embargo, las regiones gobernadas por el PP, que votaron en contra de la creación de este grupo de trabajo, adelantaron que no piensan "perder el tiempo" exponiendo los problemas del modelo actual, y exigieron a Solbes la convocatoria extraordinaria de un nuevo CPFF que debata sobre el modelo de financiación acordado entre el Gobierno y CiU para el Estatuto catalán.
Solbes, que aseguró que este acuerdo es "político", admitió que el nuevo modelo de financiación que se pacte con las comunidades debe ser "compatible" con lo acordado en el Estatut, y señaló que los principios de financiación que allí se recogen son una "buena base" para iniciar la negociación con el conjunto de comunidades.
Para el ministro, la convocatoria de un CPFF extraordinario para debatir lo acordado en el Estatuto de Cataluña, tal y como han solicitado las regiones 'populares', es una propuesta que no procede, ya que considera que no se trata de un foro adecuado ni debe "interferir" en el debate parlamentario que acaba de comenzar sobre el nuevo Estatuto catalán.
HACIENDA EXPLICARÁ EL ACUERDO CON CIU
No obstante, y pese a insistir en varias ocasiones en que el acuerdo de financiación del Estatuto es estrictamente entre partidos políticos, Solbes ofreció a las comunidades autónomas una "reunión informal" con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que les explique el contenido del acuerdo alcanzado con CiU.
Para el Gobierno, esta reunión sería similar a la que en su día convocó el PP con las comunidades autónomas, una vez que el presidente del PP, José María Aznar, llegó a un acuerdo con el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, sobre financiación autonómica para asegurarse el apoyo parlamentario de CiU, tras la victoria 'popular' de 1996.
PP: "TOMADURA DE PELO"
Sin embargo, las comunidades del PP comparecieron al término de la reunión del CPFF para dejar claro que consideran que esta propuesta es una "tomadura de pelo política", y anunciaron que mañana mismo registrarán la petición de una convocatoria extraordinaria del CPFF para debatir el acuerdo sobre el Estatut. Además, negaron que en esta ocasión exista algún tipo de semejanza con el acuerdo alcanzado entre Aznar y Pujol.
"Que nadie busque semejanzas con procesos anteriores porque no las hay", aseguró el consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, que ejerció de portavoz de las comunidades gobernadas por el PP. Para Camps, el pacto Aznar-Pujol fue "público" frente al acuerdo actual que presenta la "mayor de las opacidades posibles".
Asimismo, afirmó que las regiones 'populares' no están dispuestas a presentar sus propuestas al grupo de trabajo creado hoy, porque consideran que lo único que pretende el Gobierno es "ganar tiempo" para cerrar los flecos aún pendientes en la financiación contemplada en el Estatut. Según los 'populares', ya han debatido, durante un año medio, cuáles son las principales deficiencias del modelo actual --el impacto demográfico sobre los gastos asistenciales--, por lo que ven innecesaria la creación de este grupo.
En cuanto a la posibilidad de que lo pactado en el Estatut vaya a condicionar el acuerdo de financiación entre Gobierno y comunidades, Solbes señaló que lo acordado con los partidos catalanes, una vez que se apruebe en el Parlamento, se convertirá en una Ley Orgánica y, por tanto, el nuevo modelo de financiación deberá ser "compatible" con dicha ley.
ESTATUT: "BUENA BASE" PARA EL NUEVO MODELO
En esta misma línea, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que también participó en la reunión del CPFF, negó que el "grueso" de la nueva financiación autonómica esté ya pactado con CiU, y añadió que son "muchas" las preocupaciones que han ido manifestando las comunidades.
"El Estatut no incluye un modelo de financiación, sino principios del mismo", reiteró Sevilla, tras indicar que, si bien el acuerdo con el conjunto de las comunidades "no estará condicionado" por el Estatut, se trata de una "buena base" para un modelo de financiación generalizado en las 17 comunidades.
IRPF: PÉRDIDA DE 525 MILLONES PARA CC.AA.
Por otro lado, Solbes trasladó también a las comunidades autónomas la rebaja del IRPF que pretende acometer el Ejecutivo, y que deberá ser asumida en parte por los gobiernos autonómicos, que tienen cedido el 33% del impuesto. En concreto, explicó que el Gobierno central asumirá el 73% de la rebaja y las comunidades, el 27%, unos 525 millones de euros.
No obstante, precisó que las comunidades que así lo deseen, podrán compensar esta merma de ingresos con un aumento del impuesto en el tramo autonómico que tienen cedido.
