MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director general de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio, Rafael Pacheco, aseguró hoy que ya hay un "texto cerrado" en periodo de tramitación que regulará el ámbito de la intermediación inmobiliaria, de acuerdo con el compromiso alcanzado por el Ministerio con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API).
Tras la entrega de medallas de la profesión a veintiún presidentes y ex presidentes de Colegios territoriales con más de ocho años en el cargo o en el transcurso de dos legislaturas, Pacheco precisó en declaraciones a periodistas que este texto deberá pasar aún por la Secretaría Técnica del Ministerio de Vivienda, la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado. En este sentido, explicó que no se puede determinar aún su fecha de aplicación.
Por su parte, el presidente de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, Santiago Baena, instó al Ministerio a la regulación efectiva de la actividad "sea lo menos dilatada posible".
La intermediación inmobiliaria fue liberalizada en el año 2000, durante el Gobierno del PP, como mecanismo para introducir mayor competencia en el mercado y reducir así los precios, de forma que la profesión no se encuentra sometida a ninguna exigencia normativa específica. Actualmente, los APIS son los únicos profesionales de la intermediación titulados y sujetos a unas normas concretas, si bien, están pendientes de la aprobación de un estatuto interno que actualmente está siendo tramitado en el Consejo de Estado.
Tanto desde API como desde el Ministerio se considera necesaria la regulación de la actividad de aquellos agentes inmobiliarios que han desarrollado su actividad al amparo de la liberalización del año 2000, y de llevar a cabo un control de estas prácticas con el fin de proteger a los consumidores.
Así, Pacheco aseguró que la regulación de esta actividad seguirá los principios de "transparencia" y "claridad", que ofrecerán "garantías a los ciudadanos" de cara a realizar la compra-venta de una vivienda, "quizá la inversión más importante de su vida".
No obstante, Baena mostró la preocupación del colectivo al que representa ante la forma en la que puede formularse esta regulación. "Nos preocupa cómo se va a hacer", aseguró.
En este sentido, pidió que no se caiga de nuevo en la creación de un nuevo agente inmobiliario que pueda generar "confusión". Así, matizó que los API son "algo más dentro de este ámbito profesional", ya que su labor se extiende más allá de la mera intermediación llegando a la emisión de cédulas o la realización de tasaciones.
CATALUÑA TOMA LA INICIATIVA.
Frente a la demora de la regulación de la actividad inmobiliaria, la Ley de Vivienda de Cataluña, actualmente en trámite parlamentario, recoge una serie de normas al respecto al amparo en el marco de las competencias autonómicas en materia de protección a los consumidores, según informó en declaraciones a periodistas la presidenta del Colegio de APIS de Girona, Marta Madrenas.
Así, paralelamente al desarrollo de una normativa estatal, la ley catalana establece la obligación de crear un registro de agentes de la propiedad, que tendrán que cumplir una serie de requisitos como contar con una póliza de responsabilidad civil, estar exentos de antecedentes penales, o contar con unos conocimientos mínimos de la actividad.
Además, la norma instaura normas de buena praxis, como la obligación de los intermediarios de contar en cada operación con una "nota de encargo por escrito", en la que deberán aparecer datos como los honorarios del intermediario o el precio de la operación.
