MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han presentado en el Congreso de los Diputados sendas enmiendas de totalidad contra el proyecto de ley que modifica el régimen financiero de la Sociedad estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las enmiendas, que piden la devolución del texto al Gobierno, se debatirán y votarán el próximo jueves.
Este proyecto ley de modificación de la Ley de 1996 de creación de Entidades de Derecho Público fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. Su objetivo es que la Sociedad Estatal pueda ser financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por necesidad de disponer de fondos que por su cuantía no puede obtener por sí mismo el grupo estatal.
Además, contempla suprimir la actual prohibición legal de que la SEPI y sus empresas puedan recibir aportaciones o garantías de las administraciones públicas e incorporar a las sociedades mercantiles un instrumento societario ya existente en la ley de Sociedades Anónimas para la sociedades cotizadas como es el de las acciones rescatables. También busca eliminar la exigencia a la SEPI de conservar unos fondos propios de 1.200 millones de euros, límite mínimo que estableció la anterior disposición.
Sin embargo, el PP rechaza la reforma ya que opina que el marco que otorgó a la SEPI en el Gobierno ya es "altamente positiva" y no aprecia la necesidad de alterar sus reglas de funcionamiento. Según se establece en su enmienda de totalidad, a la que tuvo acceso Europa Press, este replanteamiento cambia de forma "radical" las reglas del juego de la anterior ley y su aceptación supone negar la capacidad de "autofinanciación" de la Sociedad Estatal, generando un incentivo a la "gestión ineficiente y antieconómica".
Por su parte, ERC no comparte la propuesta del Gobierno y considera inadmisible el proyecto en los términos en los que está redactado. Según se señala en su enmienda de totalidad, recogida por Europa Press, en dicho texto se establece un trato preferente a las empresas públicas del Estado de "forma indiscriminada".
