MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una petición de creación de comisión de investigación que, durante tres meses, estudie y clarifique el "pago en exceso" de 3.400 millones de euros a las compañías eléctricas por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) entre 2005 y 2006, que la Fiscalía Anticorrupción está investigando, y los casos de puerta giratoria en el sector.
El portavoz adjunto de la coalición en el Congreso, Joan Coscubiela, ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la intención de su grupo de solicitar esta comisión, que ya se ha materializado con una petición formal en el registro firmada conjuntamente con el Grupo Mixto.
En dicha solicitud, que recoge Europa Press, IU-ICV-CHA defiende que la "gravedad" de los hechos hace necesario que "su investigación y sus consecuencias políticas y legales se clarifiquen cuanto antes y de forma transparente" en el seno de la Cámara Baja, además de en los tribunales.
REGALO A LAS ELÉCTRICAS
En concreto, la comisión se encargaría de clarificar los motivos por los que "no se ha reclamado la cantidad cobrada de más por las compañías eléctricas en concepto de costes de transición a la competencia", que suman unos 3.400 millones de euros de que "nunca debieron pagarse" y que han supuesto un "regalo" a las eléctricas.
Asimismo, se plantea la necesidad de poner en marcha los mecanismos necesarios para recuperar esa cantidad y se propone la realización de una "auditoría energética independiente" para "saber de dónde proviene el otro escándalo, el del déficit de tarifa, que si no se evita seguirán pagando los ciudadanos, vía consumo e impuestos, durante mucho tiempo", en palabras de Coscubiela.
Pero, además, el texto de la solicitud recoge la propuesta de que la comisión revise el funcionamiento del mercado eléctrico --subastas, instalaciones ya amortizadas, fijación de precios, etc.-- en aras a lograr una "retribución justa" para cada tecnología y un sistema "transparente equitativo y que fomente las energías limpias".
El papel de los reguladores y supervisores en este tipo de casos, los "posibles fraudes y abusos" en el sector y los casos de "puertas giratorias entre las personas que han ocupado responsabilidades de Gobierno y el sector eléctrico" son otros de los asuntos de los que, a juicio de IU-ICV, debería ocuparse la comisión de investigación.
"CONCUBINATO" GOBIERNO-ELÉCTRICAS
"Estamos ante un caso muy evidente de, otra vez más, el concubinato permanente en el que viven los gobiernos del bipartidismo de este país y el lobby de las eléctricas", ha acusado Coscubiela, que considera que este pago en exceso responde "más que a una malversación de fondos públicos, a esa corrupción sabida y que ya parece amortizada" resultado de la "relación oscura" entre gobernantes y compañías energéticas.
De hecho, ya en verano de 2013 la portavoz de la Izquierda Plural en materia de Energía, Laia Ortiz, "situó en la agenda del Congreso esta problemática" al registrar varias preguntas, interpelaciones e iniciativas parlamentarias al respecto, a las que "desgraciadamente el Gobierno no dio respuesta, como tampoco la dio el Gobierno anterior, de José Luis Rodríguez Zapatero".
"Hoy estamos ante un hecho positivo: que la Fiscalía Anticorrupción investiga lo que muy probablemente sea una caso de malversación de recursos públicos. Que este tema no quede sepultado entre tanto ruido", ha reclamado por último.
COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA
El diario 'El País' publicó este fin de semana que la Fiscalía Anticorrupción ha citado en secreto a varios altos cargos del Ministerio de Industria de la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para recabar información sobre por qué no se exigió a las compañías eléctricas la devolución de cerca de 3.000 millones de euros correspondientes a los Costes de Transición a la Competencia (CTC) ingresados de más entre 2005 y 2006.
Estos CTC se crearon en 1997, con la Ley del Sector Eléctrico, con el objeto de que las inversiones realizadas hasta ese momento por las eléctricas tuviesen un retorno suficiente garantizado, sin riesgos asociados al proceso de liberalización del mercado.
En concreto, se les garantizó un precio de la electricidad de 36 euros por megavatio hora (MWh), de modo que se les compensaría hasta igualar esta cifra en los momentos en los que el mercado marcase un precio inferior, con un tope de 1,4 billones de las antiguas pesetas (8.600 millones de euros). El mecanismo también descontaba a las eléctricas los ingresos obtenidos en cuanto el mercado superase los 36 euros por MWh.
Esta circunstancia comenzó a producirse en 2005, con las subidas de los precios de la energía, y continuó hasta 2006, momento en el que el Gobierno derogó los CTC. No obstante, el Ejecutivo no llegó en ningún momento a reclamar a las empresas el importe cobrado de más, que los informes de la Abogacía del Estado cifran en más de 3.000 millones, hasta que en 2010 prescribió la oportunidad de hacerlo.
