MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Algunas de las principales asociaciones de consumidores se muestran a favor de la puesta en marcha de un nuevo bono social del gas similar al que ya existe en la electricidad si la iniciativa ofrece garantías de transparencia y de que realmente protegerá a sectores desfavorecidos, indicaron a Europa Press en fuentes de Facua, UCE y Ceaccu.
Las compañías están promoviendo ante el Ministerio de Industria la extensión a otros productos energéticos como el gas natural o el butano la aplicación de un bono social como el que, desde el 1 de julio, protege a algunos consumidores desfavorecidos de luz de las subidas de tarifa.
Fuentes de Ceaccu consideraron que "en principio cualquier medida como ésta que proteja a determinados grupos vulnerables parece buena, siempre y cuando haya una campaña de información amplia y transparente que llegue al ciudadano".
Por su parte, un portavoz de UCE destacó la importancia de que la hipotética aplicación de un bono social del gas no replique los problemas surgidos en el sector eléctrico. "En principio, estaríamos de acuerdo con cualquier medida que reduzca los costes de los productos energéticos a las rentas más bajas", pero "sería necesario que garantizara que no se generen los problemas del sector eléctrico".
Entre estos problemas relacionados con el bono social eléctrico, UCE cita, entre otros, la falta de procedimientos claros, las posibles irregularidades en el traspaso de datos de clientes o la determinación de los colectivos con derecho a recibir la ayuda.
Para Facua, cualquier medida social para los consumidores es positiva si cumple realmente su objetivo. En este sentido, la organización recuerda los "errores de bulto" del bono social eléctrico que "deberían subsanarse y no producirse en el gas natural o el butano".
La asociación defiende que el nuevo bono se asocie a la renta y no incurra en los "errores regulatorios" de la versión eléctrica, en la que "una familia numerosa adinerada se ve beneficiada y disfruta de una medida que le deben costear otras familias con pocos recursos".
REFERENTE BRITÁNICO.
El bono social del gas emularía en caso de aplicarse a otras medidas similares aplicadas al sector del gas en Reino Unido o, más recientemente, en Italia.
En el caso de la electricidad, el bono consiste en una congelación de las subidas tarifarias hasta 2012 para varios colectivos vulnerables, entre los que figuran las familias numerosas, las familias con todos los miembros en paro, las pensiones mínimas y los usuarios de la tarifa social.
En la luz, son las propias eléctricas las que asumen el coste de este bono, que es la diferencia entre la subida de la tarifa y el precio anterior. En una estimación remitida al Congreso, Industria calculó que el impacto de la medida tendrá un coste aproximado creciente que, en 2012, alcanzará los 450 millones.
FINANCIADO POR LAS EMPRESAS.
Si en la electricidad la financiación está compartida por doce empresas, aunque la mayor carga corresponde a Endesa (36,7%), Iberdrola (34,9%), Unión Fenosa (10%), Gas Natural (3,5%) e Hidroeléctrica del Cantábrico (3,5%), queda por ver de qué forma distribuiría Industria su coste entre las empresas del gas y el butano, en caso de ampliar el bono a estas fuentes de energía.
De aplicarse el modelo de la electricidad, el bono social del gas podría quedar costeado por las principales empresas de estos sectores, entre las que figuran, a juzgar por las listas de operadores principales y dominantes de la CNE, grupos como Gas Natural, Repsol YPF, Iberdrola, Endesa o HC.
