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    La Audiencia admite un recurso de Iberdrola contra los porcentajes de financiación del bono social

    La Audiencia admite un recurso de Iberdrola contra los porcentajes de financiación del bono social
    EUROPA PRESS

    MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

    La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso de Iberdrola en contra de la orden ministerial en la que se detallan los porcentajes en los que las eléctricas deberán financiar el bono social de la luz durante el ejercicio 2015.

    En concreto, Iberdrola ha recurrido la orden ministerial 2185/2015 en la que se fijan los porcentajes en los que las empresas eléctricas con actividad verticalmente integradas deben asumir el coste de esta ayuda para colectivos vulnerables, según se aprecia en el BOE de este jueves.

    En la orden ministerial, se indica que Iberdrola deberá asumir un 38,2% del coste, frente al 41,2% de Endesa y el 14,4% de Gas Natural Fenosa. El presidente de Endesa, Borja Prado, propuso esta semana, durante la junta de accionistas de la compañía, "rediseñar" el bono social para vincularlo en mayor medida a la renta.

    Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.ON España ya tienen recurrido además ante el Tribunal Supremo el real decreto 968/2014, en el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto del bono social.

    Tras la reforma energética, las grandes empresas del sector deben financiar en un 99% esta ayuda, que contempla un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

    El nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre un total de 27 empresas, que son las verticalmente integradas, si bien las cinco grandes eléctricas de Unesa deben asumir prácticamente la totalidad de la ayuda, que ronda los 200 millones de euros al año.

    El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

    Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

    Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que de nuevo son las eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, elimina los aspectos considerados discriminatorios.

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