BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno boliviano aplicará un impuesto del 82% de los beneficios a los dos principales pozos de Repsol YPF, los de San Alberto y Sábalo, tras su decisión de nacionalizar los yacimientos de hidrocarburos, según explicó hoy el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una entrevista en 'RNE-Ràdio 4' recogida por Europa Press. El gravamen del 82% no afectará a las empresas con un bajo volumen de producción petrolera.
El ministro aseguró que la compañía que preside Antoni Brufau "debe sentirse segura y tranquila", porque el gobierno andino "tiene la intención de seguir negociando con la petrolera española", e instó a sus responsables a "contactar los antes posible" con el Gobierno de Evo Morales "para pactar la inversiones de la petrolera en el país".
"Nuestro ánimo para trabajar con ellos sigue intacto para iniciar (...) nosotros no hemos cerrado ninguna ventana u oportunidad para sentarnos en la mesa con Repsol", afirmó Estos contactos deberían, a juicio de Quintana, "permitir nuevas inversiones" porque desde el Ejecutivo andino "vamos a darles todas las seguridades que son necesarias bajo un marco de transparencia y reciprocidad".
Respecto de la decisión de Bolivia de nacionalizar los yacimientos de hidrocarburos, el ministro señaló que "no hemos recibido amenazas, ni presiones ni protestas", y explicó que "ésta era una medida que ya estaba anticipada por las empresas que invertían en el sector de hidrocarburos en el país".
"Nuestro Gobierno no va a aceptar presiones ni condicionamientos con el legítimo de derecho defender el patrimonio de nuestros recursos naturales, que han sufrido el saqueo con la aquiescencia de nuestros gobiernos anteriores", dijo Quintana.
"En el caso de Repsol, hay una inversión de Andina -filial de la compañía española en Bolivia- que no cumplió con el contenido de sus compromisos en el campo de las inversiones, y más allá de eso la Fiscalía identificó irregularidades en la exportación de petróleo y se abrió un proceso en el que se transgredieron las normas y hubo evasión fiscal", recordó el ministro.
En este sentido, el ministro del país andino aceptó que "en el pasado la penetración de la corrupción en las instituciones públicas indujo a las empresas extranjeras a hacer negocios ilegales e informales, pero hoy en día ese tipo de actividad está prácticamente erradicada", aunque reconoció que "ahora algunos estarán pagando el plato".
Quintana dijo que lo que va a hacer el Gobierno boliviano es "restablecer la legalidad y ese mandatos lo vamos a cumplir haciendo todos los esfuerzos para que todos los capitales externos en el área de hidrocarburos o en otras áreas se sometan a la legalidad, pero por supuesto no se hará de forma traumática".
Quintana señaló que "Bolivia necesita socios, no patrones. Nosotros apreciamos como Gobierno la buena inversión que quiera trabajar en Bolivia bajo reglas claras y control del Estado".
