24 de junio de 2019
4 de octubre de 2016

Ciudadanos pide que no se corte ni gas ni luz a personas vulnerables

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos pedirá en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de este miércoles que no se corte el suministro energético por impago o retraso en el pago de las facturas a aquellas personas que por ley sean reconocidas como "vulnerables".

A través de una proposición no de ley, la formación naranja insta a impulsar la modificación de normas y alcanzar acuerdos con las empresas suministradoras para que ante una resolución de interrupción del servicio, la administración pública evite tal extremo, acreditando con un informe las dificultades de la persona o personas afectadas.

Asimismo, también piden que los servicios públicos considerados esenciales --hospitales, transporte público, suministro de agua o alumbrado-- no puedan ser interrumpidos. La iniciativa llama a incorporar la lucha contra la pobreza energética como "prioridad de la política energética española" y prevenir así el riesgo de exclusión social que causa la falta de acceso a estos servicios.

Por último, la proposición insta a establecer un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que "se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente".

4,5 MILLONES DE POBRES ENERGÉTICOS

Ciudadanos ha recordado que en España hay 4,5 millones de personas reconocidas como "pobres desde el punto de vista energético", sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados.

Según los cálculos de Cruz Roja recogidos por la formación naranja, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua.

A pesar de ello, Ciudadanos denuncia la falta de medidas tomadas, pues aún no se han reconocido las condiciones para definir al "consumidor vulnerable", recogido en 2012 en un decreto-ley referido a la pobreza energética.

En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético "sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago".

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