VALENCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró el viernes, preguntado por los medios por la situación actual sobre la oferta pública de adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa y la relación entre el Gobierno central y la Comisión Europea a este respecto, que existe "sólo una disputa jurídica sobre alcance de competencias", pero "sin consecuencias económicas", ya que "la OPA está desbloqueada".
Clos se pronunció así en Valencia durante la rueda de prensa de presentación de los datos de la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) tras la respuesta dada hoy por el Ejecutivo español a la CE de que no tiene previsto retirar las nuevas condiciones impuestas por el Ministerio de Industria el pasado 3 de noviembre a la citada OPA, pese a que Bruselas le había dado de plazo hasta hoy para retirar estos requisitos al considerar que vulneran los principios de libre circulación de capitales y mercancías y la libertad de establecimiento.
El titular de Industria explicó que se trata de una "discusión jurídica para saber hasta dónde llegan las competencias" y subrayó la voluntad del Gobierno central de "dejar clara" su "posición", por un lado, dijo, "ante el mercado, de que la OPA sigue su camino" y, por otro, "para llegar al fondo de la cuestión jurídica competencial" y saber "hasta qué punto tenemos capacidad legislativa en temas de garantía de suministro".
Al respecto, estimó que la posición del Ejecutivo estatal es "la razonable", dado que, a su juicio, "desde un gobierno nacional dentro de la Unión Europea se debe y puede legislar sobre garantía de suministro" con órganos como, en este caso, la Comisión Nacional de la Energía, apuntó. Más aún, incidió, "cuando el Tribunal Supremo adujo en su resolución que el interés general legitima la intervención del Gobierno español por garantía de suministro".
Reiteró que se trata únicamente de una cuestión de asentar un precedente en doctrina jurídica competencial, al tiempo que valoró que en la actualidad existan "discrepancias" en "sólo dos puntos de los 20 iniciales", lo que, dijo, "nada tiene que ver con lo que ocurría hace tres meses" cuando los "recursos interpuestos sí podían impedir el avance de la OPA", pero después, explicó, se dictó una resolución por la que la operación "quedaba desbloqueada, y con la que E.ON manifestó públicamente estar de acuerdo".
Asimismo, Clos mostró su disposición a "llegar al Tribunal de Luxemburgo para que arbitre en materia de competencias", pero "sin consecuencias económicas", remarcó. Agregó que ya no se trata de "una colisión frontal, sólo de una disputa por alcance de competencias", insistió.
Las nuevas condiciones cuya retirada exigía Bruselas son, en concreto, la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de 5 años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
Bruselas ya declaró de manera preliminar ilegales el pasado 29 de noviembre los nuevos requisitos del Ministerio de Industria del 3 de noviembre --que respondía a las alegaciones contra las condiciones impuestas inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE)-- y dio a las autoridades españolas hasta el 13 de diciembre para presentar su defensa, fecha en la que Industria envió su respuesta.
La Comisión Europea dio el pasado 20 de diciembre a España de plazo hasta el día de hoy para retirar esas nuevas condiciones al considerar que vulneran los principios de libre circulación de capitales y mercancías y la libertad de establecimiento.
Esa fue la cuarta vez que el Ejecutivo comunitario actuaba contra España por obstaculizar indebidamente la OPA de E.ON sobre Endesa. Antes, Bruselas inició un expediente contra el decreto que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, declaró ilegales 18 de los 19 requisitos impuestos por la CNE, y lanzó otro procedimiento por la tardanza del Gobierno en retirar estas condiciones.
