MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso de los Diputados ratificó el jueves la proposición de Ley de reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tras su paso por el Senado, con el respaldo de todos los grupos salvo IU-ICV, dado que el PSOE no puedo garantizar la aprobación de un Real Decreto en el que se endurezcan las sanciones en esta materia.
La reforma de la Ley del CSN persigue incrementar las vías de comunicación y participación con la sociedad en las decisiones que afectan a instalaciones nucleares y radiactivas, así como proteger más eficazmente el medio ambiente.
Supone la creación de un Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, así como la creación de un Comité Asesor del CSN, en el que estarán presentes las comunidades autónomas y las organizaciones sociales. Además, la Comisión del Congreso correspondiente (en la actualidad la de Industria) deberá aprobar la permanencia de un miembro del órgano regular cuando haya pasado su mandato.
La ponente socialista de la norma, Rosario Velasco, valoró el consenso alcanzado entre las distintas formaciones políticas y ofreció al grupo de IU-ICV redactar una proposición no de Ley en la que se incorporen los aspectos relativos a las sanciones.
"Igual no es la ley que nos gustaría a todos los grupos, pero está muy consensuada. Prometerle un real decreto sería engañarle a estas alturas de legislatura", destacó esta diputada en respuesta a las críticas del portavoz ecosocialista, Joan Herrera.
Este último, criticó el "trámite tortuoso" de la norma y se lamentó de que los socialistas no "hayan querido pactar" con su formación política este aspecto, dado que IU-ICV fue el responsable de su redacción.
LA REDACCIÓN DE LA REFORMA
De hecho, la redacción inicial de la reforma sufrió una profunda trasformación durante su primer trámite en el Congreso, en el que PP y PSOE pactaron las enmiendas. Posteriormente, los socialistas acordaron con IU-ICV introducir diversas enmiendas en el Senado a través de Entesa Catalana de Progrés (ECP), que fueron bloqueadas por PP, CiU y PNV.
Entre ellas, destacan la creación de una unidad de reclamaciones dentro del CSN para que los trabajadores internos y externos de las instalaciones nucleares puedan denunciar las incidencias, y el endurecimiento de las sanciones por infracciones muy graves para las centrales nucleares, de modo que la multa sea equivalente al doble de los beneficios económicos obtenidos durante el tiempo que funcionaron de forma irregular.
