La legislación obligará a reforzar la independencia de los reguladores y prohíbe a las empresas extranjeras comprar redes en la UE
LUXEMBURGO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Industria de la Unión Europea tratarán hoy de cerrar un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión de desmembrar los grandes grupos energéticos separando patrimonialmente las actividades de producción y la gestión de redes. La oposición frontal de Francia y Alemania ha obligado a descafeinar la norma, y finalmente se permitirá la supervivencia de las empresas verticalmente integradas, aunque imponiendo una serie de salvaguardas para garantizar la independencia del gestor de la red.
El Ejecutivo comunitario --apoyado por países como España, Reino Unido o Países Bajos-- propuso en septiembre del año pasado forzar la separación patrimonial de las empresas energéticas. El objetivo de esta iniciativa es garantizar que todas las compañías puedan tener acceso a la red de manera no discriminatoria para que haya más competencia y fomentar la inversión en infraestructuras.
Para tratar de contentar a franceses y alemanes, la Comisión presentó además una segunda opción menos drástica que se basa en el modelo escocés: consiste en que los grandes grupos energéticos puedan seguir conservando la propiedad de la red pero cedan su gestión a un operador independiente.
Pero París y Berlín rechazaron de plano ambas alternativas por considerar que constituían un atentado al derecho a la propiedad y no garantizaban 'per se' una mayor competencia y más inversiones en infraestructuras. Ni siquiera la decisión de las empresas energéticas alemanas E.ON y RwE de vender sus redes de electricidad y gas, respectivamente, para evitar sanciones de Bruselas ha alterado la firmeza de los dos países.
Finalmente, la presidencia eslovena y la Comisión han aceptado incluir en la norma una tercera opción, que se sumará a la separación patrimonial y al operador independiente, y que permite la supervivencia de las empresas energéticas verticalmente integradas.
La contrapartida es que se introducen toda una serie de salvaguardas o "murallas chinas" para garantizar la independencia del gestor de red. Por ejemplo, el gestor deberá contar con recursos propios, sus directivos no podrán venir de la compañía matriz ni volver en un plazo de 5 años, y se reforzará el poder de los reguladores, que podrán obligar a realizar inversiones. Los países que apoyan la separación patrimonial creen que esta opción creará una "burocracia insoportable" que hará que las empresas se decanten por vender activos.
Alemania y Francia parecen dispuestas a aceptar la directiva con esta "tercera vía", aunque todavía quieren introducir mejoras, según informaron fuentes diplomáticas. Pero principal campo de batalla en el debate de hoy se centrará en la cláusula de revisión.
Los países más favorables a la separación patrimonial, como España o Reino Unido, quieren que al cabo de cinco años la Comisión examine el funcionamiento de la tercera opción y, si no ha dado los resultados esperados, proponga su eliminación y la separación patrimonial para todo el mundo. En cambio, París y Londres piden que se examine el funcionamiento de todos los modelos y consideran que la "tercera vía" debe sobrevivir de forma indefinida.
CLÁUSULA ANTI-GAZPROM.
Otra de las grandes novedades que incluye este paquete energético es un mecanismo para restringir la entrada en Europa de empresas energéticas extranjeras, como la rusa Gazprom o la argelina Sonatrach, con el objetivo de evitar que se aprovechen indebidamente de la liberalización del mercado interior y actúen por motivos políticos y no comerciales.
Todavía no se ha cerrado definitivamente su funcionamiento en la práctica, pero de lo que se trata es de prohibir a las empresas extranjeras adquirir el control de infraestructuras energéticas europeas a no ser que exista un acuerdo bilateral específico entre la UE y el país de que se trate que garantice la plena reciprocidad.
Los ministros de Industria aprobarán también medidas para reforzar la independencia y la autoridad de los reguladores energéticos nacionales. Ello obligará a introducir cambios legislativos en España, por ejemplo la eliminación del recurso de alzada que permite al ministerio de Industria tener la última palabra en las medidas que adopta la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Finalmente, se creará una Agencia de Cooperación entre los reguladores nacionales que pueda tomar decisiones obligatorias en cuestiones de intercambio transfronterizo de energía.
