MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), en el que participan las principales organizaciones de consumidores, pidió hoy una congelación de tarifas de la luz en la revisión trimestral de enero, frente al incremento propuesto por el Ministerio de Industria del 3,5%, y advirtió de que el departmento dirigido por Miguel Sebastián baraja incrementos de hasta el 14% en 2009.
En una rueda de prensa, el representante de los consumidores domésticos ante el Consejo Consultivo de la Eléctricidad de la CNE, Ignasi Faura, pidió "que se congele el precio de la luz en el primer trimestre de 2009 poque durante 2008 ya se ha producido un incremento del 11%, pese a que desde el segundo semestre todas las materias primas se han abaratado".
Además, calificó de "inaceptables" algunos de los principios del borrador de orden ministerial de revisión de tarifas remitido por Industria a la CNE y analizado ayer por el Consejo Consultivo del organismo regulador.
Sobre la subida del 3,5% propuesta por Industria para el primer trimestre, advirtió de que "si se mantuviese en los siguientes trimestres supondría incrementos del 14% al año", lo que es "desproporcional", cuando en la situación actual "hay margen para el congelamiento" del recibo eléctrico.
"La actitud de Industria apunta a que van en este sentido", señaló en alusión al posible incremento del 14% y a las negociaciones con las eléctricas para reducir el déficit de tarifa --diferencia entre ingresos y costes de la generación--.
Por su parte, la presidenta del CCU, Francisca Sauquillo, insistió en que el incremento propuesto en enero "sobrepasa el IPC", que a final de año rondará el 2%, y advirtió de que entre las organizaciones de consumidores "preocupan las subidas del próximo año".
LOS CONSUMIDORES, AL MARGEN.
Sauquillo explicó que hace 20 días el CCU tuvo "una entrevista" con Miguel Sebastián en la que se expresó la preocupación por el creciente déficit de tarifa. Pese al encuentro, los consumidores no participan en las negociaciones entre Industria y las eléctricas para eliminar el déficit, aun cuando "la energía es un servicio público de primer orden" y este colectivo no puede ser "ajeno" a un proceso de búsqueda de soluciones en el que sólo participan "el oligopolio eléctrico y la Administración", dijo.
Faura se expresó en la misma línea al recordar que en 2000, cuando se creó el sistema del déficit, se excluyó de la decisión a los consumidores, y que este sector, "si es parte en el reparto, debería ser parte también en el acuerdo". "Nuestra solicitud es ser parte activa", afirmó.
PROPUESTAS CONTRA EL DÉFICIT.
Para acabar con el déficit de tarifa, los consumidores piden un cambio en el "artificioso" modelo de cálculo de la tarifa eléctrica "para favorecer a las productoras de energía". El sistema actual, dijo Faura, es de "dudosa credibilidad" y se parece a la "ingeniería financiera" utilizada en otros ámbitos.
El CCU propone trasladar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) algunas partidas de la tarifa no directamente relacionadas con el suministro, especialmente el impuesto eléctrico a la minería y al carbón, que ya ha sido amortizado y que recaudan íntegramente las comunidades autónomas.
En este traslado de partidas, señalan, también deberían incluirse las primas a las renovables. Junto a esto, solicitan una reducción del IVA incluido en la tarifa, del 16% a en torno al 8%.
Por último, piden que se cambie el sistema de formación de precios en el mercado mayorista de la electricidad, en el que la retribución de energías más baratas --hidráulica y nuclear-- es la misma que la de la tecnología más cara --fuel y ciclos combinados-- que participan en la generación. Este sistema "hincha los costes de la energía en un 40%", advirtió Faura.
TARIFA ÚLTIMO RECURSO.
Sobre la nueva tarifa de último recurso que se implantará en el primer semestre de 2009, el CCU lamenta que sólo las cinco grandes eléctricas pueden hacerse cargo de su suministro y que el consumidor se convierta en un "esclavo" del suministrador al no poder cambiar el contrato en un año.
Además, pide dos representantes en la nueva Oficina de Cambio de Suministrador, en la que tampoco participa la Administración y que podría convertirse, según Faura, en un "sindicato de apaños" entre las empresas. Junto a esto, reclama un sistema de arbitraje de consumo, al que se niegan a acudir las eléctricas, para resolver los previsibles problemas de la nueva tarifa.
