MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las compañías eléctricas esperan que la tramitación como proyecto de ley del real decreto sobre detracción de emisiones de dióxido de carbono, aprobado hoy por el Congreso, permita la introducción de algunos cambios de carácter "técnico" que reduzcan la "agresividad" del texto, indicaron fuentes de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) a Europa Press.
La patronal eléctrica aboga por que estas modificaciones se introduzcan "sin desvirtuar la razón de ser" del decreto, en el que se prolonga hasta 2012 la detracción a las compañías de los derechos de emisión de CO2 asignados de forma gratuita.
Unesa expresa su respeto a la decisión de la Cámara Baja, pero mantiene su percepción de que el decreto tiene elementos "graves" que "pueden causar daños patrimoniales a las compañías y a los accionistas".
La patronal está a la espera de que en las próximas semanas la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces diseñen el calendario de tramitación del texto, lo que le permitirá reunir elementos para analizar sus opciones y ver qué medidas pueden adoptar en relación con la nueva norma.
CONTRATAN A URÍA MENÉNDEZ.
Al mismo tiempo, sigue estudiando el posible recurso del decreto tanto en España como ante las instancias comunitarias. Para ello, Unesa ha contratado los servicios de los abogados de Uría Menéndez, que trabajan en la elaboración de los escenarios posibles.
El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó hoy el decreto que amplía a 2012 la minoración de los derechos de emisión con la abstención de PP, CiU y PNV. Los 'populares' pidieron la tramitación como proyecto de ley del texto, lo que da opción a modificarlo, extremo que se aprobó por amplia mayoría al ser aceptado también por el PSOE.
En un primer momento, el Gobierno concedió derechos gratuitos de emisión a las eléctricas para el periodo 2008-2012, pero ahora considera que esta medida no hace sino redundar en una subida de precios del 'pool'. Por este motivo, descontará estos derechos de la retribución anual de las eléctricas por su actividad regulada.
La rectificación de Industria, que obliga a efectos prácticos a que las compañías dejen de percibir en su retribución de 2006 unos 1.200 millones, así como unos 100 millones en la de 2007 y más de 1.400 millones en la de 2008, ha contado con el rechazo frontal de Unesa desde su reciente aprobación por el Consejo de Ministros.
