BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y ha confirmado la multa de 1,2 millones de euros que la Generalitat impuso a la compañía eléctrica Endesa por el "defectuoso funcionamiento" de las líneas de media y baja tensión que dejaron sin luz a 36.000 abonados de 110 municipios catalanes durante las intensas nevadas de diciembre de 2001.
La Comisión de Gobierno para Asuntos Económicos de la Generalitat abrió un expediente a Fecsa al considerar que la compañía pudo ser responsable de la interrupción del suministro eléctrico a causa del "defectuoso funcionamiento" de las líneas de media y baja tensión, por lo que impuso a Fecsa una multa que ascendió a 1,2 millones de euros.
La eléctrica recurrió la sanción ante el TSJC pero, en enero de 2005, la Sala Contencioso-Administrativa desestimó el recurso y confirmó la multa al entender que 111 instalaciones de red de distribución de baja tensión se averiaron por sobrecarga porque "no estaban preparadas para afrontar un consumo de punta normal en invierno".
El alto tribunal catalán señaló que otras 124 instalaciones estaban situadas de tal forma que se vieron afectadas por la caída de ramas y árboles a causa de la nieve o directamente por la nevada, lo que "pone claramente de manifiesto la precariedad de estas instalaciones".
La eléctrica elevó el caso al Tribunal Supremo, que ha desestimado los motivos alegados por la compañía y ha confirmado la sanción que le impuso la Generalitat.
EL APAGÓN DE 2001.
Entre los días 14 y 17 de diciembre de 2001, se registraron varios cortes en el suministro eléctrico, de hasta 24 horas de duración, que afectaron cerca de 250.000 abonados de 110 municipios de toda Cataluña, incluida Barcelona y su área metropolitana.
Además de la multa ahora ratificada por el Supremo, la Generalitat impuso a Endesa una sanción de 2,4 millones de euros por la poca información que facilitó la compañía durante el apagón.
Asimismo, le impuso una segunda multa de 2,4 millones de euros por el corte de electricidad y el peligro que supuso para las personas y el medio ambiente la rotura de un cable de tierra de alta tensión entre las subestaciones de Can Jardí, en Rubí, y Mas Figueres, en Terrassa (Barcelona).
