MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), José María Roncero, presentó hoy ante el Defensor del Pueblo una solicitud de amparo ante la eliminación de la tarifa nocturna y el consecuente encarecimiento de los precios de la electricidad durante la noche.
Cerca de un millón de familias utilizan acumuladores de calor gracias a que la tarifa nocturna, más barata que la del resto del día, favorecía este sistema de calefacción. No obstante, con la eliminación de esta diferencia de precios los consumidores sufrirán un encarecimiento de cerca del 40% en su factura.
En un comunicado, la UCE explica que pide amparo en defensa de los legímitos intereses de los consumidores, que a partir del 1 de julio dejarán de disfrutar de la tarifa nocturna en virtud del Real Decreto 1.634/2006 de 29 de diciembre y el 871/2007 de 29 de junio.
UCE entiende que esta medida no sólo "vulnera los derechos fundamentales" de los consumidores y usuarios, sino que conlleva "una serie de graves perjuicios económicos".
Con la nueva tarifa se amplía el número de horas valle hasta el periodo entre las 8 y 14 horas, pero se reduce el descuento para el usuario, que pasa del 55% actual al 47%. Además, el consumo en horas punta se penaliza con un recargo del 35%, frente al 3% actual. La UCE indica que la nueva tarifa es más cara porque el usuario paga la potencia máxima contratada para las 24 horas del día.
Además, las nuevas altas en el sistema eléctrica se acogen desde el 1 de enero a la tarifa con discriminación horaria, al tiempo que los anteriores usuarios, que tenían contratada la tarifa 2.0., mantienen su tarifa, pero pagando el máximo de potencia contratada.
Estos usuarios tienen la opción de cambiar de tarifa, pero para ello deberán abonar los costes de aumento de potencia a las 24 horas y las modificaciones oportunas en la instalación. La otra opción, señala UCE, es mantener una potencia menor, para lo cual tendrían que cambiar las resistencias de los acumuladores o instalar un alternador de carga. Los costes de estas operaciones oscilan entre 200 y 700 euros.
QUEJAS DE LOS USUARIOS.
La asociación dice haber recibido quejas de miles de usuarios que han recibido cartas de sus compañías eléctricas informándoles de que les cambiarán la potencia del contrato y que les cobrarán por ello los derechos de acceso. UCE ha presentado también la correspondiente queja ante el Ministerio de Industria a partir de las demandas de los afectados.
UCE entiende que, tal y como se ha diseñado esta modificación legislativa, el usuario se ve obligado a asumir todos los costes, sin ningún tipo de medida compensatoria. Además, asegura que se ha producido un claro desequilibrio que perjudica al consumidor por la falta de información respecto a este cambio tarifario.
Para la asociación, Industria debería haber sido el responsable de realizar una campaña informativa a los ciudadanos sobre esta modificación. Sin embargo, señala, se ha delegado la responsabilidad informativa en las compañías eléctricas que lo están haciendo a través de una carta dirigida al titular del contrato e 'in extremis', lo que deja al consumidor en una situación de clara indefensión.
