Economía/Energía.- La CNE aprueba la propuesta de Industria de contración bilateral a través de un mecanismo de subasta

Actualizado: jueves, 11 enero 2007 18:40

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobó hoy el borrador de la orden ministerial que regula la contratación bilateral de los distribuidores de electricidad a través de un mecanismo de subasta, informaron a Europa Press fuentes del organismo regulador de los mercados energéticos.

El máximo órgano de gobierno de la CNE dio de esta manera 'luz verde' con una "mayoría amplia" a la propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, aunque en su resolución introduce algunas propuestas de mejora en cuanto al mecanismo de subasta previas a la firma de los contratos, que serán los que a partir de ahora fijarán el precio que reconocerá la CNE en sus liquidaciones.

El regulador tiene la obligación de elaborar un informe relativo a cada subasta una vez que se ponga en marcha este nuevo mecanismo, con el fin de especificar la cantidad a contratar por las empresas distribuidoras de la energía necesaria para el suministro a tarifa en el territorio peninsular.

La entidad encargada de realizar estas subastas será la propia CNE, ya que en ellas hay aspectos ligados a las liquidaciones que realiza el regulador.

Esta normativa de contratación bilateral sustituirá el Decreto provisional aprobado el pasado 24 de febrero, que establece un precio fijo de 42,35 euros por megavatio/hora (MWh) para la energía que compran y venden simultáneamente las distribuidoras y generadoras de un mismo grupo empresarial en el mercado mayorista de electricidad ('pool').

Asimismo, las mismas fuentes apuntaron que el consejo de la CNE estudiará previsiblemente la próxima semana la propuesta de Industria sobre la revisión del Real Decreto 436/2004, que regula las primas para el régimen especial.

Esta propuesta limita la rentabilidad anual mínima de las inversiones en el sector eólico entre el 5% y el 9%, lo que ha provocado el rechazo de las patronales, sindicatos y asociaciones de ecologistas y empresarial.

PETICION DE ACS SOBRE LOS DERECHOS DE VOTO.

Por otro lado, las mismas fuentes indicaron que previsiblemente el consejo de la CNE analizará a finales de este mes el expediente remitido por ACS que hace referencia a la solicitud para levantar el limite del 3% de los derechos de voto en Iberdrola, de forma que pueda ejercer los mismos en proporción a su eventual participación.

ACS cursó esta petición al tiempo que pidió al regulador autorización para alcanzar hasta un 24,9% del capital de Iberdrola y en la actualidad ya cuenta con un 11,88% de forma directa e indirecta.

La autorización de levantar este límite de los derechos de voto se rige por la Función 14 del reglamento de la CNE y otorga un plazo de un mes para su resolución, mientras que el estudio del levantamiento del límite del 3% está recogido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que otorga un plazo de cuatro meses para que la CNE se pronuncie. Este plazo finaliza a principios del próximo mes de febrero, aunque desde la CNE, aseguraron que el consejo no tiene previsto agotar el plazo.

Esta petición de ACS para levantar el límite del 3% se fundamenta en que la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001 limita los derechos de voto correspondientes a una sociedad que disponga de participaciones superiores al 3% en dos empresas significativas del mismo sector.

No obstante, la CNE tiene la capacidad para modificar esta medida de acuerdo al apartado número 5 del mismo artículo, que contempla que el regulador podrá autorizar el ejercicio de los derechos de voto correspondientes más allá de este límite, "siempre que ello no favorezca el intercambio de información estratégica entre operadores ni implique riesgo de coordinación de sus comportamientos estratégicos".

El pasado día 26 de septiembre la empresa que preside Florentino Pérez lanzó una orden de compra por el 10% de Iberdrola, con la intención ir elevando la participación hasta un porcentaje que no le obligase a lanzar una OPA, por lo que se vio obligada a pedir autorización a la CNE.