ICV denuncia que obtienen "beneficios caídos del cielo", ya que sus inversiones están "más que amortizadas"
MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá hoy una moción de ICV que reclama que se modifique el funcionamiento del mercado eléctrico para excluir las instalaciones de producción hidroeléctricas y nucleares del 'pool', pasando a regirse por un mecanismo que tenga en cuenta "los costes en que realmente incurren", para que no obtengan "beneficios caídos del cielo" aprovechando el sistema actual de fijación de precios.
El diputado de ICV, Joan Herrera, denuncia que uno de los problemas del sistema de precios es que todas las eléctricas acaban cobrando el precio más alto de la última tecnología que entra en el mercado, con lo que las nucleares y las hidráulicas, las primeras en entrar, "obtienen millones de beneficios caídos del cielo ya que sus inversiones están más que amortizadas".
La iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, exige al Gobierno que presentar un informe a las Cortes en que se comparen las primas a las energías renovables, las asignadas a la cogeneración con combustibles fósiles y las retribuciones a instalaciones de generación "cuyos costes de producción son significativamente menores a los precios medios resultantes del mercado mayorista".
Herrera pide que se establezca un marco para las energías renovables que incluya retribuciones decrecientes en el tiempo, que permita incentivar la eficiencia, la mejora tecnológica y que asegure una retribución razonable a los productores para alcanzar los objetivos de potencia contemplados en el conocido como 'Pacto de Zurbano', presentado por el Gobierno en marzo.
OBJETIVOS 30-30-30.
En este sentido, reclama una "planificación energética integral" que englobe los planes de ahorro de emisiones, los planes de renovables y los de ahorro y eficiencia energética, elevando el grado de compromiso con los objetivos europeos para el 2020, de forma que España reducir las emisiones de gases invernadero en un 30%, ahorre un 30% en el consumo energético y provea al sistema energético con al menos un 30% de renovables.
Herrera pide que se apruebe una Ley de Energías Renovables antes de finalizar el 2010 como transposición de la directiva europea relativa a este ámbito, estableciendo un "marco regulatorio estable" que reconozca las "externalidades positivas" de las energías renovables, facilitando así su acceso en hogares, empresas y ciudades.
Asimismo, vuelve a reclamar medidas de fiscalidad ambiental "bajo el principio de que el que contamina paga", para así hacer "visibles" a los consumidores los "costes reales" de las emisiones de dióxido de carbono y la mayor competitividad de las renovables frente a los combustibles fósiles y la energía nuclear.
REFORZAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE DE RENOVABLES.
La formación ecosocialista reclama también que se refuerce la inspección de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para "garantizar que no se produce fraude en ninguna de las fuentes de energía renovable", así como que el organismo que preside Maite Costa remita a la Cámara Baja informes sobre las instalaciones que se han acogido indebidamente a las ayudas o deban ejecutar los avales.
En este sentido, reclama al Gobierno que en el plazo de un mes remita al Gobierno una relación pormenorizada de las centrales de gas en ciclo combinado que, tras haber depositado el aval a que obligaba la ley, lo han recuperado con posterioridad, especificando los motivos, la potencia de la instalación y la empresa a la que pertenece.
PROHIBIR ELECTRODOMÉSTICOS "POCO EFICIENTES" DESDE 2012.
ICV urge a llevar al Congreso, antes de que acabe 2010, un proyecto de ley de Ahorro y Eficiencia Energética, que incluya instrumentos de planificación y de de gestión de la demanda que sean vinculantes para todas las Administraciones Públicas y las Empresas, con el objetivo de que todos los edificios generen una energía igual a la que consuman, con un balance de energía cero antes del 2020 (2015 para los edificios públicos).
Asimismo, debería contemplar la prohibición de la producción y comercialización a partir del 2012 de productos "poco eficientes", como electrodomésticos que no puedan ser catalogados con la clase energética A, así como la prohibición de sistemas de calefacción al aire libre.
