MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El déficit de tarifa del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos son superiores a los ingresos de la parte regulada, se situó en 1.104 millones de euros en enero, según la primera de las catorce liquidaciones del ejercicio realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El desajuste, explica el superregulador, se debe por un lado a que los ingresos registrados han sido inferiores al promedio histórico como consecuencia de la introducción de la facturación bimestral y, por otro lado, a que los costes asociados a las renovables superan la previsión por los retrasos en la entrada en vigor del nuevo real decreto con el último recorte.
Los costes del sector reconocidos en esta primera liquidación ascendieron a 1.590 millones de euros, mientras que los ingresos declarados por las empresas se situaron a 486 millones de euros, indica la CNMC en una nota.
Conforme a la nueva Ley del Sector Eléctrico, los desajustes transitorios que se producen durante el año deben ser soportados de forma proporcionar por todos los agentes sujetos al sistema de liquidación.
De esta forma, los pagos se van haciendo conforme entran ingresos en el sistema. Como los ingresos por peajes de enero no se reciben completamente hasta marzo, los agentes solo han recibido un 25,5% de la retribución que les corresponde en enero, si bien este porcentaje irá aumentando progresivamente en las siguientes liquidaciones.
Las 64.438 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos sometidas a la liquidación de enero tienen derecho a recibir por su producción en enero 781 millones, si bien el coeficiente de cobertura del 25% lo reduce a 781 millones.
210 MILLONES DE DÉFICIT DE GAS.
Por otro lado, el déficit de tarifa del sistema gasista ascendió a 210 millones de euros en términos de caja en enero, lo que representa un incremento del 14% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
En esta liquidación se ha incluido como coste adicional 20,8 millones de euros correspondientes a la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 17 de abril del año pasado, que obligó a realizar una refacturación.
