Los Estados miembros tendrán la última palabra a la hora de decidir si permiten que una empresa no europea compre sus redes
LUXEMBURGO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los países de la Unión Europea que, como España, hayan llevado a cabo la separación patrimonial de sus grupos energéticos entre las actividades de producción y la gestión de redes, podrán tomar medidas nacionales para protegerse de las grandes empresas verticalmente integradas como la francesa EdF, según establece el acuerdo alcanzado hoy por los ministros de Energía de los Veintisiete sobre las nuevas reglas del mercado interior del gas y de la electricidad.
La nueva normativa, que fue objeto de un acuerdo preliminar en junio, descafeína la propuesta inicial de la Comisión, que quería obligar a desmembrar todos los grupos energéticos de la UE. La oposición radical de Francia y Alemania hizo que al final se optase por un compromiso de mínimos que permitirá que convivan en el mercado comunitario tres modelos distintos en pie de igualdad.
El primer modelo es el de la separación patrimonial, que está ya vigente en países como España y Reino Unido. En segundo lugar está el sistema de operador independiente, basado en el modelo escocés, y que consiste en que los grandes grupos energéticos puedan seguir conservando la propiedad de la red pero cediendo su gestión a un operador independiente. Completa el panorama la "tercera vía", propuesta por Alemania y Francia y que permite que sigan existiendo empresas verticalmente integradas con una serie de salvaguardas para garantizar la independencia del gestor de red.
Para aceptar este compromiso, España y el resto de países que aplican la separación patrimonial, entre ellos Países Bajos, Portugal o Dinamarca, exigieron una "cláusula de condiciones de competencia iguales". El objetivo era garantizar que el hecho de ser los mejores alumnos y seguir al pie de la letra las propuestas de Bruselas no convierta a sus empresas en presa fácil para los grandes grupos energéticos verticalmente integrados de países como Alemania o Francia.
Durante la reunión de este viernes se alcanzó un compromiso sobre la redacción de esta cláusula, pese a las reticencias de Alemania. La cláusula prohíbe en primer lugar a las empresas verticalmente integradas comprar una red en otro Estado miembro que aplique la separación patrimonial. En segundo lugar, el acuerdo señala que los países con separación patrimonial, ante el intento de compra de una de sus compañías por parte de una empresa verticalmente integrada, podrán tomar "medidas" para garantizar que haya condiciones de competencia equitativas.
La nueva norma no define en ningún momento qué tipo de medidas se pueden adoptar y se limita a señalar que deberán ser compatibles con el Tratado y con la legislación comunitaria y ser proporcionadas, no discriminatorias y transparentes. "Los Estados miembros tienen la posibilidad de tomar medidas para garantizar condiciones de competencia iguales en su territorio para los diferentes modelos, pero estas medidas deben ser plenamente compatibles con el Tratado y la legislación comunitaria", destacó el comisario de Energía, Andris Piebalgs.
Además, deberán notificarse a la Comisión. Ello significa que, en caso de desacuerdo, la última palabra la seguirá teniendo el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) como le ha ocurrido a España con las medidas tomadas a raíz de las ofertas de E.ON y Enel sobre Endesa.
CLÁUSULA ANTI-GAZPROM
Durante los debates del viernes, los ministros de Energía alcanzaron también un acuerdo final sobre la denominada cláusula anti-Gazprom, un mecanismo para restringir la entrada en Europa de empresas energéticas extranjeras, como la rusa Gazprom o la argelina Sonatrach, con el objetivo de evitar que se aprovechen indebidamente de la liberalización del mercado interior y actúen por motivos políticos y no comerciales.
La propuesta inicial de la Comisión era prohibir a las empresas extranjeras adquirir el control de infraestructuras energéticas europeas a no ser que exista un acuerdo bilateral específico entre la UE y el país de que se trate que garantice la plena reciprocidad. Sin embargo, también aquí los Estados miembros han introducido importantes modificaciones para que la última palabra la tenga no Bruselas sino el regulador nacional del país donde quiera entrar la compañía extracomunitaria.
El regulador nacional deberá verificar que la compañía extranjera que quiere comprar una red europea respeta la legislación comunitaria en materia de separación. En segundo lugar, tendrá que comprobar que la entrada de este operador no pone en riesgo la seguridad de suministro en el Estado miembro en cuestión ni tampoco en la UE en su conjunto. "Los Estados miembros tendrán la última palabra a la hora de rechazar una transacción que ponga en riesgo su seguridad de suministro", admitió el comisario de Energía.
Los ministros de Industria aprobaron también medidas para reforzar la independencia y la autoridad de los reguladores energéticos nacionales. Finalmente, se creará una Agencia de Cooperación entre los reguladores nacionales que pueda tomar decisiones obligatorias en cuestiones de intercambio transfronterizo de energía.
El compromiso debe ser negociado ahora con el Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión en esta materia. La Comisión espera un acuerdo definitivo durante la primera mitad de 2009.
