MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Facua-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Dirección General de la Energía de la Comisión Europea para pedirle que inicie un procedimiento contra el Gobierno español por haber vulnerado la normativa comunitaria sobre tarifas de electricidad y gas.
En una nota, la asociación denuncia la "ilegalidad" de un mecanismo cuyo contenido pone en cuestión una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según el cual los usuarios deben ser informados antes de que entre en vigor cualquier subida de precios.
Facua ha requerido al jefe de la Unidad de Energía de Bruselas, Jan Panek, que analice el contenido de esta sentencia del pasado 23 de octubre en la que se establece que los consumidores de gas y electricidad "deben ser informados en tiempo oportuno, antes de que entre en vigor cualquier subida de precios, de los motivos, las condiciones y el alcance de dicho incremento".
Esta circunstancia contrasta con la situación en España, donde los proveedores modifican la tarifa "sin garantizar que antes de su entrada en vigor se informe a los usuarios en tiempo oportuno sobre los motivos, las condiciones y el alcance de ésta".
Facua ya había denunciado en marzo ante la Comisión Europea la nueva factura de la luz impuesta por el Gobierno de España por imponer unas fórmulas tarifarias y de facturación que "atentan contra los derechos de los usuarios" establecidos en tres directivas comunitarias, que son las de electricidad, protección de los consumidores y cláusulas abusivas.
IMPUGNAR LA TARIFA.
En paralelo, Facua está estudiando el inicio de acciones judiciales al considerar que la sentencia del alto tribunal europeo pone de manifiesto no sólo la ilegalidad de los actuales modelos de tarifas de electricidad y gas en España, sino también de los vigentes desde hace años.
Sobre esta base, "los consumidores podrían impugnar las subidas tarifarias que se han producido en los últimos años", con el argumento de que "las compañías energéticas no envían a los usuarios información sobre las modificaciones tarifarias con anterioridad a su aplicación, a diferencia de lo que ocurre en el sector de las telecomunicaciones, donde la legislación española les obliga a hacerlo con un mes de antelación".
