MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace pidió hoy en la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que la modificación de la Ley del sector eléctrico garantice a los consumidores la posibilidad de elegir operador eléctrico y que de esa manera puedan optar por la energía que consideren más "limpia".
La organización ecologista participó hoy en el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNE, que deberá elaborar un informe para la modificación de la mencionada ley.
Greenpeace considera que la nueva redacción, que viene forzada por la necesidad de adaptarse a la directiva europea de liberalización del mercado eléctrico, es "clave" para que los consumidores puedan ejercer su derecho a elegir suministrador, y con ello seleccionar de dónde viene la electricidad que compran, que es lo que determina el impacto ambiental.
La organización ecologista apoya y considera "muy necesaria" la creación de la Oficina Gestora de Cambios de Suministrador, prevista en el Anteproyecto de ley, como instrumento neutral para evitar abusos y dar igualdad de oportunidades a todos los consumidores.
Sin embargo, señala que con el anteproyecto presentado por Industria los consumidores no tendrían esta posibilidad hasta 2011, con lo que "las grandes eléctricas podrían seguir dominando todas las actividades", generación, transporte, distribución y comercialización.
"La nueva ley debe obligar a las eléctricas a atender los derechos de los consumidores y de los ciudadanos. No puede ser una ley para las eléctricas", declaró José Luis García Ortega, representante de la organización en el Consejo.
Greenpeace reclama que la actividad de comercialización de electricidad sea "viable", como condición primera para que los consumidores puedan elegir suministrador.
En este sentido, afirma que "las tarifas que ve el consumidor deben reflejar los costes reales de la actividad", y pide que se definan las condiciones para la aplicación de la tarifa de último recurso y que se permita un margen suficiente para que las comercializadoras puedan ofrecer su actividad a todas las categorías de consumidores y que su entrada en vigor se adelante a 2007.
De lo contrario, señala que se enviaría un mensaje global "muy negativo", pues el precio de la electricidad se disfrazaría para que parezca más barata de lo que realmente cuesta, con lo que "se seguiría incentivando el derroche energético".
SEPARAR LA COMERCIALIZACIÓN.
También señala la necesidad de que la actividad comercializadora sea realizada por empresas no vinculadas a los grandes grupos eléctricos, es decir, que haya una separación de actividades completa.
En su opinión, la propuesta del Gobierno se queda "a medio camino" y no evitará situaciones "de privilegio y abuso de posición dominante" por parte de aquellas empresas pertenecientes a grupos integrados verticalmente respecto a aquellas independientes.
Para ello, Greenpeace propone que un grupo de sociedades no pueda desarrollar actividades incompatibles de acuerdo con la Ley, de forma que las actividades liberalizadas (generación, comercialización) sean ejercidas por empresas completamente independientes de las que realicen actividades reguladas (distribución, transporte).
La organización reclama también que la nueva legislación incorpore el etiquetado eléctrico, incluyendo entre las obligaciones de las comercializadoras y distribuidoras la de informar en las facturas, con un formato uniforme, sobre las fuentes de energía empleadas y su impacto ambiental, información que también debería desglosarse en la facturación de las tarifas de último recurso.
Señala que un etiquetado eléctrico uniforme y fiable es necesario para que los consumidores puedan saber de dónde viene la electricidad para poder elegir la que consideren más limpia. Greenpeace afirma que el Ministerio de Industria de "pretendía saltarse este debate (en el Consejo Consultivo de la Electricidad en la CNE) y llevar directamente el anteproyecto al Consejo de Ministros", pero el Consejo de Estado advirtió que carecía del preceptivo informe "por lo que ahora el Ministerio la ha presentado ante estos organismos por trámite de urgencia.
