Las empresas se decantan por un sistema de primas similar al de las renovables
MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria mantendrá hoy una reunión de carácter extraordinario con el resto de los componentes de la comisión de seguimiento del Plan del Carbón 2006-2012, esto es, empresas y sindicatos, para abordar soluciones a la grave crisis que sufre la minería ante la caída de la demanda y la reticencias de las eléctricas a comprar carbón nacional.
Fuentes del sector indicaron a Europa Press que el encuentro se celebrará en la sede de Industria a las 17.00 horas y que en el mismo se abordará una solución de continuidad que vaya más allá del arreglo transitorio diseñado para 2009 por el Gobierno, que consiste en la compra por parte de la estatal Hunosa de la producción de las minerías para el almacenamiento temporal del carbón.
El encuentro de la comisión de seguimiento se producirá una semana después de la reunión mantenida por representantes de Industria con las empresas eléctricas, en la que entre otros asuntos del sector energético se habló del carbón y se invitó a las empresas a comprar el producto nacional. Unos días antes, la Hullera Vasco-Leonesa había anunciado que Unión Fenosa, su principal cliente, había dejado de comprarle carbón.
Las empresas mineras están esperando las propuestas de Industria y, entretanto, se decantan por un tratamiento similar al de las energías renovables, con primas que se carguen a la tarifa eléctrica y que se justifiquen a partir de la capacidad del carbón autóctono para reducir la fuerte dependencia energética del exterior de España.
Esta solución, según los abogados consultados por las propias empresas, sería compatible con la legislación comunitaria, ya que las directivas de la Comisión Europea permiten primar hasta un 15% de los recursos autóctonos para fomentar la autonomía energética de los Estados miembros.
La medida supondría una vuelta, pero con argumentos jurídicos, al sistema utilizado hasta 2002, en el que se fomentaba el carbón nacional a través de un gravamen del 4% en la tarifa eléctrica, que fue retirado por Bruselas.
Las empresas descartan subvenciones o ayudas a través de la asignación gratuita de más derechos de emisión de CO2, ya que este reparto ya ha sido realizado por la Unión Europea hasta 2012 y su reformulación podría generar problemas jurídicos con la Comisión.
