Economía/Energía.- El PSOE propone al Gobierno un sistema de contadores para incentivar los consumos más eficientes

Actualizado: lunes, 5 junio 2006 20:53

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha propuesto al Gobierno un sistema de contadores que permita distribuir en tramos la tarifa eléctrica con el objetivo de incentivar los consumos más eficientes y desincentivar el consumo en las horas punta.

En una enmienda a una resolución del Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) derivada del Debate sobre el estado de la Nación, los socialistas piden también aplicar políticas para dirigidas a reducir el consumo de energía primaria y promover el ahorro, así como el uso de biocarburantes como fuentes de energía complementaria y su investigación.

El PSOE pide incrementar la inversión en la red de transporte de electricidad "para que absorba y despliegue toda la potencialidad de crecimiento de las energías renovables de forma compatible con la eficiencia energética y económica del sistema eléctrico".

Los socialistas también instan al Gobierno a que elabore y apruebe en el plazo máximo de seis meses las Estrategia Española contra el cambio climático.

En otra enmienda a una resolución de Convergencia i Unió, el PSOE pide igualmente que se mejoren las interconexiones eléctricas con Francia "con el fin de reducir nuestro excesivo aislamiento energético, previendo el máximo de medidas medio ambientales y de seguridad.

ENERGÍA NUCLEAR.

Sobre la energía nuclear, el grupo socialista propone abrir una reflexión "profunda" sobre las necesidades energéticas presentes y futuras de la economía española, dadas las subidas del precio y la demanda del petróleo.

La situación actual "conlleva la necesidad de abordar también en el debate sobre la matriz de fuentes de energía primaria en España y el futuro de la energía nuclear", explica.

Finalmente, propone garantizar la gestión de los residuos radiactivos mediante el Almacén Temporal Centralizado (ATC) y que se realice con "amplio" consenso institucional y social, y "satisfaga" los criterios de seguridad y economía, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España.