MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha expresado su "profundo descontento" con el resultado de las subastas de interrumpibilidad y espera que el Gobierno adopte medidas que permitan a la industria española mantener su competitividad.
Estas subastas sirven para asignar entre los grandes consumidores de electricidad el llamado servicio de interumpibilidad, por el que estas empresas obtienen un incentivo a cambio de comprometerse a reducir su consumo cuando lo requiera el sistema eléctrico. La reciente puja para 2015 ha ocasionado un coste por este servicio de 350 millones, frente a los cerca de 500 millones previstos por el Gobierno.
Para Unesid, el resultado de la subasta "ha tenido resultados muy insatisfactorios" para la siderurgia, que "puede ver seriamente amenazada su posición competitiva". La interrumpibilidad era hasta ahora la "herramienta" para "alinear" el coste de la energía de la siderurgia española con la de los principales países europeos.
Unesid recuerda que, cuando el Gobierno decidió modificar este mecanismo, la asociación ya expresó su preocupación y advirtió de los "efectos perversos que tendría el nuevo sistema sobre la supervivencia de la industria electrointensiva y, muy en particular, sobre la industria siderúrgica".
La asociación, que tiene recurridas en los tribunales la nueva normativa sobre interrumpibilidad, lamenta la "drástica reducción" de los incentivos por reducir el consumo cuando el sistema lo necesita, que se suma a otros aspectos como "la gran volatilidad de los precios en España", que dificulta "un mínimo de planificación industrial".
El sistema eléctrico se caracteriza por "un precio spot errático en función de las condiciones meteorológicas y unos costes regulados imputados a la industria "cuatro veces más caros que en Alemania", afirma.
Se produce además "una falta de visibilidad en el precio a largo plazo, con frecuentes cambios normativos y mecanismos como el de subastas de interrumpibilidad, que hace que no se pueda planificar más allá de un año", lamenta la asociación, antes de considerar que el Gobierno debe afrontar estas circunstancias tratándolas como "un problema de política industrial".
"La industria siderúrgica es uno de los pocos sectores económicos que no tiene ninguna ayuda pública, ya que está expresamente excluida de las ayudas, con algunas excepciones regladas", añade Unesid.
