BRUSELAS, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy un nuevo etiquetado obligatorio con el que identificar el nivel de eficiencia energética de lavadoras, frigoríficos y aparatos de aire acondicionado que se comercialicen en el mercado comunitario. Los Estados miembros tienen un año para aplicar esta medida que introduce tres niveles máximos de eficiencia a la escala ya existente.
En la actualidad existe una escala de siete colores y siete letras (de la A, la más eficiente, a la G) que indican la eficiencia en energética de los electrodomésticos, a la que se añadirán tres nuevos niveles (A+, A++ y A+++) para los nuevos aparatos, "cuando los avances tecnológicos lo exijan".
Además, esta información deberá formar parte de cualquier anuncio o publicidad de electrodomésticos en los que se ofrezcan datos sobre la energía que consumen o su precio, así como en el material promocional técnico.
Con la nueva etiqueta respaldada este miércoles por el pleno en Estrasburgo (Francia) se pretende que el consumidor disponga de toda la información necesaria para decidir la compra de frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras, lavavajillas, hornos y aparatos de aire acondicionado.
Los fabricantes estarán obligados a indicar el consumo energético anual en una escala de colores y letras de la A (verde oscuro) a la G (rojo). En el caso de algunos productos, la etiqueta también indicará el consumo de agua y el nivel de ruido y de calor.
El número máximo de clases será siempre de siete, de tal manera que si un nuevo producto que utiliza menos energía que los existentes es clasificado como A+, la clase menos eficiente será la F (y no la G), y así sucesivamente (a un nuevo producto de clase A++ le corresponderá la clase E como la menos eficiente y a uno A+++ le corresponderá la clase D).
La Comisión será la encargada de determinar las clases energéticas de los productos etiquetados, como calentadores de agua, televisiones, cadenas de alta definición o consolas de videojuegos.
Por otra parte, la nueva norma establece que los órganos nacionales de contratación procurarán adquirir únicamente productos que pertenezcan a la clase de eficiencia energética más elevada. Y las autoridades nacionales podrán incentivar a los consumidores y a la industria a que opten por productos eficientes.
