MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) presentó hoy en el Consejo Consultivo de la Electricidad de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) un informe en el que pide subidas del precio de las tarifas integrales de la luz del 30% a partir de enero, indicaron fuentes de asociaciones participantes en la reunión a Europa Press.
Esta subida conlleva incrementos de hasta el 100% en las tarifas de acceso y, en lo referido al componente final, se asemeja a la recogida por la CNE en un informe sobre revisión trimestral de tarifas, en el que se aludía a la necesidad de aplicar subidas integrales del 31%.
El informe de Unesa alerta además del riesgo de "quiebra" para el sector si no se aplican estos incrementos, dada la dificultad para asumir por parte de las empresas la financiación del déficit tarifario --diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico--.
El informe, cuyo contenido adelanta hoy 'Expansión' y en el que se plantea una situación dramática en términos financieros para el sector, será elevado al Ministerio de Industria.
La reunión del Consejo Consultivo de hoy estuvo además centrada en el borrador de Real Decreto remitido por el Ministerio de Industria por el que a partir del 1 de enero se liberalizarán todas las tarifas eléctricas, salvo las de los consumidores de baja tensión con una potencia contratada igual o inferior a 15 kilovatios hora (kW/h), que pasarán a formar parte de la tarifa de último recurso (TUR).
Este borrador, que no contiene cifras concretas, según las fuentes, planteó especial controversia en el capítulo en el que se reserva a los cinco grandes grupos eléctricos --Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía y E.ON-- el papel de suministrador de último recurso.
De esta forma, varios centenares de pequeñas distribuidoras locales no podrán suministrar electricidad conforme a la TUR, lo que generó malestar en varias organizaciones participantes en el Consejo Consultivo.
El Real Decreto propuesto por Industria viene acompañado además de una orden ministerial que regula la transición al nuevo marco regulatorio. En la orden se establece un periodo de seis meses, desde el 1 de enero hasta el 1 de julio de 2009, durante el cual se mantiene el actual suministro a tarifa por parte de las empresas distribuidoras.
A partir del 1 de julio, los consumidores a quienes sea de aplicación el suministro de último recurso deberán optar por la comercializadora que desean que les pase a suministrar, ya sea libre o de último recurso.
