MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La agencia de calificación crediticia Fitch considera que las eléctricas españolas se encuentran "bajo fuego regulatorio" y advierte de que tanto los recientes como los venideros cambios normativos podrían afectar a los resultados financieros de estas compañías.
La agencia estima que el impacto sobre las compañías podría ascender a varios miles de millones y constata que algunos de los cambios regulatorios están destinados a limitar el déficit de tarifa, exacerbado por un aumento de los precios del 'pool' "más allá de las consideraciones utilizadas para el cálculo de la tarifa".
"Aún es pronto para decidir si las medidas tendrán impacto crediticio", ya que esta circunstancia dependerá de la magnitud final de los cambios y del éxito de la presión de los 'lobby' del sector, indicó el director de energía de Fitch en la región, Erwin van Lumich.
La agencia cita especialmente el real decreto que detrae de la retribución a las eléctricas los derechos de emisión de dióxido de carbono hasta 2012. Sobre este asunto, Fitch no había previsto que la medida fuera a ser aplicada sobre todas las fuentes de generación.
Según dice, los generadores en régimen ordinario que no emiten CO2, pero que se han visto beneficiados de asignaciones gratuitas, como es el caso de la hidráulica o la nuclear, pueden resultar especialmente dañados.
Para el periodo 2008-2011 es previsible que el precio de la tonelada de dióxido de carbono aumente considerablemente, lo que podría suponer una mayor carga para las eléctricas. Está previsto que en 2006 se les detraigan unos 1.200 millones, y otros 100 millones en 2007. Si se disparan los precios, en 2008 esta partida podría superar los 1.400 millones.
La agencia advierte de que el efecto de esta medida sobre las ganancias de las empresas "dependerá entre otros aspectos de la composición de su 'mix' de generación y de las provisiones realizadas".
Con la medida, el Gobierno español se conviertirá en uno de los primeros países de la UE en intentar garantizar que sean las propias empresas eléctricas las que asuman la factura de sus emisiones contaminantes.
"Está por ver si los mecanismos de mercado de otros países son capaces de adoptar un verdadero 'principio del que contamina paga' o si las garantías seguirán siendo tratadas por los generadores como una oportunidad de lograr beneficios adicionales mediante el traslado de costes a los consumidores finales", afirma la agencia.
