Los socialistas estiman que se pueden haber pagado entre 30.000 y 40.000 millones desde 2005 por costes ya amortizados
MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE aboga por que el sistema de retribución de las diferentes tecnologías de producción de electricidad parta del coste medio de generación de cada tecnología más una retribución "razonable", desterrando para siempre el sistema de precio marginal según el cual se paga a cada productor el precio que marque la última tecnología que entre en la red.
Así lo han explicado este lunes la secretaria de Economía y Empleo de los socialistas, Inmaculada Rodríguez-Piñero, y el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán, durante la presentación de la moción energética que el PSOE defenderá en el Pleno del Congreso de esta semana.
El principal partido de la oposición cree que para solucionar los problemas del sector eléctrico --fundamentalmente el déficit de tarifa-- hay que partir de una auditoría regulatoria para saber qué consecuencias han tenido las sucesivas normativas aprobadas en las últimas dos décadas, así como para "despejar las incógnitas y las sospechas" sobre los costes de producción que tiene cada tecnología, de modo que se pueda concluir si hay productores sobrerretribuidos.
COSTES CAÍDOS DEL CIELO
Y es que en 1997 el Gobierno cuantificó en 8.600 millones de euros el coste de la transición a la competencia para adaptarse a una nueva situación energética, fijando para ello unas compensaciones a las centrales nucleares y las hidráulicas por las inversiones realizadas, a pagar durante los siguientes diez años.
Sin embargo, la evolución del mercado en esos años hace pensar que en 2005 ya se había cubierto el total de costes de la transición previstos, sin que el Gobierno revisara el régimen retributivo, por lo que determinadas empresas siguieron ingresando los llamados 'beneficios caídos del cielo' que, según algunas estimaciones que maneja el PSOE, oscilarían entre los 3.000 y los 4.000 millones de euros anuales.
Esto habría generado un exceso retributivo que, sumado con el pago de algunas tecnologías por encima de su coste real, es lo que ha derivado en un déficit tarifario "presunto y regulatorio, que el PSOE no corrigió y que este Gobierno ha acrecentado" hasta llegar a los 30.000 millones de euros --9.200 millones sólo en los últimos dos ejercicios--, a los que hay que sumar los costes financieros por la parte que está titulizada.
De ahí la necesidad de realizar una auditoría que arroje luz sobre cuánto cuesta producir electricidad con cada tipo de tecnología, cuánto dinero han recibido las empresas por encima de sus costes o tras terminar de amortizar sus inversiones, y qué parte del incremento de impuestos se ha trasladado a los precios que pagan los consumidores.
Con esos datos en la mano, y de forma consensuada con todos los actores del sector eléctrico y los partidos políticos, el Gobierno debería promover un Pacto de Estado por la Energía que derivara en un Libro Blanco donde se precisara el 'mix' energético deseado para los próximos años y el calendario de incorporación o salida de las diferentes tecnologías del mercado.
ESCENARIO A LARGO PLAZO
Esta "hoja de ruta" debería permitir diseñar la evolución del sector al menos hasta el año 2030, cuando todas las centrales nucleares ya deberían estar cerradas --la normativa actual prevé que el último reactor se apague en 2028--.
No obstante, para ello habrá que afrontar debates "fundamentales" como por ejemplo el del futuro de las grandes hidráulicas y las concesiones del aprovechamiento de aguas --los socialistas consideran que esta tecnología debería utilizarse para gestionar las reservas de energía o para bajar precios, y no al revés--, el del ahorro y la eficiencia energética --que aún podría provocar una caída del 20% de la demanda-- o el del papel de la autogeneración y el autoconsumo.
"La realidad tecnológica actual no tiene nada que ver con la de 1997, pero la Ley Eléctrica que se aprobó en diciembre consolida la filosofía de hace dos décadas. El sistema que planifica el PP es insostenible. Ahora ya no se trata de ver cuánta potencia hay que instalar y a quién se le da, sino que hay que ver cuánta potencia sale y a quién se le resta", ha señalado Morán, apuntando que todos los países de nuestro entorno están ya "metidos en harina" en este tema.
FIJACIÓN DE PRECIOS
Una vez definido el nuevo 'mix' y el protagonismo de cada tecnología en el sistema, habría que revisar el sistema de fijación de precios, partiendo de los costes medios de producción que haya revelado la auditoría. Así, se podría mantener el mercado de 'spot' que existe actualmente, y en el que la entrada de los diferentes modos de energía se produce por un orden establecido en función de la demanda.
Sin embargo, se desterraría la retribución en función del precio de la última tecnología de entrada (el más caro), sino que se pagaría a cada operador en función de sus costes medios más un beneficio "razonable", priorizando a las energías más baratas. Es decir, habría precios distintos para cada tecnología, y no el mismo para todas como sucede actualmente.
No obstante, los socialistas consideran que es necesario que los productores que ya están en el sistema puedan recuperar el marco normativo que se les aplicaba cuando se incorporaron, para recuperar la "seguridad jurídica" con la que el actual Ejecutivo ha acabado con sus continuos cambios regulatorios y que provocará "problemas encadenados de arbitraje internacional" en los próximos años. "Eso sí que será herencia recibida", ha ironizado Morán.
Con un sistema de estas características, el Partido Socialista calcula que la caída en el precio medio de la energía sería del 12% en el año 2020, aunque la factura no se reduciría en ese porcentaje ya que incluye otros costes (peajes, impuestos, etc.) sobre los que también habría que debatir.
SISTEMA EUROPEO
En cualquier caso, el PSOE considera que este debate debe plantearse a nivel comunitario. "Pensar en un modelo nacional es suicida. Hay que europeizar el sistema para converger en términos de precio social y de competitividad con la media europea", defiende el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, recordando que todo esto debe hacerse con un amplio acuerdo porque los ciudadanos ya no consentirán "un apaño" entre partidos.
Además, Rodríguez-Piñero ha avisado de que si no se consigue esta reforma "integral consensuada", el PSOE derogará la Ley Eléctrica en cuanto vuelva a La Moncloa, aunque reconoce que no es bueno que se cambie la normativa en un sector estratégico como el energético en cada legislatura. No obstante, los socialistas reconocen que nadie del Gobierno les ha contactado para acercar posturas sobre este posible Pacto de Estado.
