MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las eléctricas españolas han cobrado 5.600 millones de euros en concepto de alquiler de contadores sin haber hecho frente en ningún momento a la "adecuada renovación y actualización de sus parques de contadores", según IU, que pregunta al Gobierno qué va a hacer para que los clientes recuperen los 660 millones pagados por una prestación que no han recibido.
El Grupo Parlamentario ha remitido una batería de preguntas al Congreso de los Diputados, a las que tuvo acceso Europa Press, en la que critica que el Gobierno dejó trascurrir 18 años entre la publicación del Real Decreto de 1984, que incrementó el precio de alquiler de los contadores en una media del 2.200% respecto a los precios vigentes antes de la entrada en vigor de la orden, y la publicación de la normativa oficial de 2002 sobre la verificación periódica de dichos contratos.
IU recuerda que la actualización periódica del precio de alquiler de los contadores de energía eléctrica fue establecida mediante el Real Decreto de 1984, con el fin de "cubrir la función económica de permitir a las empresas alquiladoras la adecuada renovación y actualización del parque de contadores, para evitar los consiguientes perjuicios que de la falta de dicha renovación y actualización se derivan para la calidad y fiabilidad de la medida".
Además, lamenta que a pesar del incremento de los precios de alquiler de contadores respecto a los vigentes antes de la entrada en vigor del citado Real Decreto, las compañías eléctricas "no procedieron nunca a la adecuada renovación y actualización de sus parques, pues hasta el 2002 no fue publicada en el BOE la normativa oficial sobre la verificación periódica de contadores de energía eléctrica de inducción que obligaba a las compañías a realizar esta medida a que se hace mención en la orden de 1984".
ALARMAS DE LOS FABRICANTES.
IU subraya que la publicación de dicha orden se retrasó 18 años, a pesar de "la reiteradas alarmas lanzadas por los fabricantes de contadores y por el Centro Español de Metrología (CEM), que ya en mayo de 1988 advirtió por segunda vez al Gobierno de que era urgente y prioritaria la regulación, por lo que todo el parque de contadores debería quedar totalmente regularizado antes de final de 1995".
Nada más ser publicada en el BOE, la orden de 2002 fue recurrida por las compañías eléctricas, lo que provocó que la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional anulara la orden de 1984 por haberse tramitado sin los preceptivos informes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y del Consejo de Estado.
Así, la Audiencia Nacional ordenó la suspensión de la orden de 2002 antes de que se cumpliera el plazo de dos años dado a las compañías eléctricas para retirar los contadores de más de 30 años de antigüedad y a las autonomías para verificar los contadores con más de 10 años.
IU denuncia que a día de hoy, en que han trascurrido casi 22 años desde la entrada en vigor del Real Decreto de 1984, sigue sin existir una normativa oficial sobre verificación periódica de contadores, pues la orden de 2002 "continúa suspendida al no haber aportado aún el Gobierno los dos informes cuya falta motivó su anulación judicial".
AUSENCIA DE NORMATIVA ESPECIFICA.
Además, destaca que en este largo periodo de tiempo las compañías eléctricas han cobrado 5.640 millones de euros en concepto de alquiler de contadores, sin haber hecho frente en ningún momento a la "adecuada renovación y actualización de sus parques de contadores", pues según las mismas no han podido cumplir dicha obligación porque no existe ninguna normativa oficial que especifique qué debe entenderse por "adecuada renovación y actualización" de un parque de contadores.
Según IU, los 5.640 millones de euros pagados hasta diciembre de 2005 en concepto de alquiler de contadores por los clientes de las compañías eléctricas por una prestación no recibida se incrementan en 500.000 euros cada día que pasa sin que el Gobierno aporte los informes cuya falta provocó la anulación judicial de la orden de 2002.
