MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
Endesa e Iberdrola están pidiendo al Gobierno que Gas Natural, Acciona y las empresas de renovables del régimen especial participen también en la financiación del déficit de tarifa, que se produce cuando los ingresos regulados de la generación eléctrica no son suficientes para cubrir los costes renocidos.
Fuentes del sector indicaron a Europa Press que, como parte de las negociaciones con el Ministerio de Industria para resolver este desajuste, las dos mayores eléctricas han tomado una posición activa en esta reivindicación, en la que intentan hacer ver que el sector eléctrico ya no lo forman sólo las empresas de Unesa.
Esta patronal acoge a las cinco mayores eléctricas, que son las que asumen la financiación del déficit, según el Real Decreto 5/2005, en una proporción del 44% para Endesa, 35% para Iberdrola, 12% para Unión Fenosa y 6,08% para HC Energía. Aparte de estas empresas, Elcogás asume otro 1,91% de financiación.
Las eléctricas financian esta deuda eléctrica, que en términos acumulados desde 2000 alcanza los 14.000 millones, mediante su cesión a entidades bancarias para su posterior titulización. De esta forma, este montante se convierte en un apunte que, pese equivaler a un derecho de cobro acumulado, empieza a dar problemas a las compañías en un momento de restricción crediticia.
Por este motivo, argumentan que, con el auge de las renovables, casi el 50% de la potencia instalada ya no está en manos de Unesa y presionan para que Gas Natural, que hasta la fecha no está obligada a asumir la financiación, comparta esta responsabilidad, junto a nuevos actores del sector como Acciona, que tras el acuerdo de venta de su 25% en Endesa a Enel se convertirá en uno de los líderes eólicos mundiales.
EXTENSIBLE AL RÉGIMEN ESPECIAL.
Más aún, piden que esta obligación se haga extensible a todos los operadores del régimen especial, que incluye tratamiento de residuos, biomasa, hidráulica, eólica, solar y cogeneración, dado que los mismos se benefician de primas.
A finales de enero, el aún consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, ya adelantó la idea de que las primas a las renovables, que podrían rondar los 4.000 millones anuales, deben correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o que, de lo contrario, los operadores del sector participen en la financiación del desajuste.
Las eléctricas calculan que, una vez descontados los derechos de emisión de CO2, la insuficiencia tarifaria de 2008 ronda los 4.750 millones, de los que a Endesa le corresponde financiar 2.010 millones, a Iberdrola 1.710 millones y a Fenosa 548 millones.
A LA ESPERA DE LA NORMATIVA.
Las compañías se encuentran a la espera de que esta semana o la siguiente se publique la norma que garantiza mediante avales del Estado la colocación de la deuda eléctrica entre entidades bancarias a través de las subastas de déficit 'ex ante' creadas para tal efecto.
Mientras, las empresas han mantenido varios contactos con el departamento dirigido por Miguel Sebastián. En las negociaciones, que habían quedado congeladas a comienzos de año a la espera de la disposición del Ministerio de Economía a un posible traslado de las primas a los PGE, no se ha dado cabida ni a los consumidores domésticos ni a los industriales.
Sebastián expresó su deseo de que el acuerdo sobre el déficit pueda alcanzarse antes de que concluyera febrero, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró recientemente que en marzo empezarían a publicarse las primeras normativas sobre este particular.
LARGA NEGOCIACIÓN.
Los puntos fuertes de la negociación son el esfuerzo de los consumidores para soportar subidas graduales en el recibo de la luz y la financiación por parte de las empresas de un bono social vinculado a la renta para potencias inferiores a 4,4 kilovatios (kW).
Además, se han barajado fórmulas para facilitar la situación de los grandes consumidores de electricidad, incluidos en el grupo del G.4 --cinco plantas de ArcelorMittal, Alcoa y Asturiana de Zinc--, cuya tarifa regulada debería desaparecer en julio.
Por su parte, Industria se mostró dispuesta a estudiar el traslado de algunas partidas de la tarifa no relacionadas con el suministro a los PGE.
Sebastián había condicionado la subida en el recibo de la luz de enero, de una media del 3,4% para las tarifas de baja tensión, a la consecución del acuerdo sobre el déficit, que quedó pospuesto para finales de enero y comienzos de febrero.
El acuerdo entre Industria y las eléctricas intenta hacer encajar a partes iguales la contribución de las empresas, de la Administración y de los usuarios, según ha sostenido el propio ministro.
