La eólica lamenta que la nueva regulación sobre Canarias "ignore" a los parques antiguos

Aerogenerador de Gamesa
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Actualizado: martes, 5 agosto 2014 14:53

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora que la nueva regulación incentive la instalación de nuevos parques eólicos en Canarias, pero lamenta que su contenido "ignore" a los antiguos.

En una entrada en su blog, la asociación sale al paso de la orden ministerial publicada este martes por el Ministerio de Industria en el BOE, en la que se recogen incentivos para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos extrapeninsulares.

La nueva orden establece un régimen retributivo específico para los sistemas extrapeninsulares que se otorgará mediante subastas, pero hace una excepción para un cupo de 450 megavatios (MW) en Canarias correspondientes a los proyectos con tramitación más avanzada.

La retribución a la inversión de este cupo no será otorgada mediante subasta, sino de forma directa, como hasta la fecha. Al valor de la retribución a la inversión se le añadirá un incentivo por reducción de costes de generación, indica.

La AEE lamenta que la nueva normativa "ignore que los parques ya instalados generan los mismos beneficios" y les aplique "un cambio de régimen retroactivo igual que al resto de instalaciones de España".

"Teniendo en cuenta que la mayor parte de las instalaciones eólicas canarias son anteriores a 2004 y no van a tener derecho a percibir ningún tipo de incentivos debido a la Reforma Energética, va a ser extremadamente difícil que los potenciales inversores confíen en que se vaya a tratar a los nuevos parques de una forma distinta durante el tiempo necesario para rentabilizar las inversiones", afirma.

La nueva regulación estatal sobre renovables, recuerda, establece que cada tres años se revisará la retribución a la inversión sobre la base a los precios del mercado y cada seis años se podrán revisar todos los parámetros retributivos, incluyendo la supuesta rentabilidad razonable.

"Es decir, que los inversores no tienen garantías para toda la vida regulatoria de los proyectos, que es de 20 años. Ni en Canarias ni en la Península", añade.