MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana (ERC) cree que la reducción de la factura de la luz a empresas en determinados territorios, consecuencia de la diferenciación en tarifas con similares tramos de tensión, puede constituir una ayuda de Estado ilegal.
Así consta en la batería de preguntas registradas por su portavoz de Energía en el Congreso, Joan Capdevila, y recogidas por Europa Press, con las que esta formación reclama corregir unas diferencias que considera discriminatorias. Además de suponer un acceso más caro para determinadas empresas, tiene además efectos en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en unos 40 millones de euros para compensar esta reducción.
El diputado se refiere a los peajes de acceso a la red, diferentes entre los tramos de tensión entre 1kV a 30kV y 30kV a 36kV. Una distinción que, argumenta Capdevila, "responde a la decisión discrecional del Gobierno para establecer políticas que favorezcan más a determinados territorios".
De hecho, apostilla, los valores unitarios fijados para retribuir a las compañías eléctricas distribuidoras son los mismos en el tramo 24kV y 36kV, y la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avala que la diferenciación "no está justificada por motivos técnicos".
EL ACUERDO CON EL PNV AUMENTÓ LA DIFERENCIA
Esta distinción, relata Capdevila, se acentuó además con el abaratamiento de la tarifa para el tramo 30 a 36kV, en virtud del acuerdo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2017, lo que benefició a unas 1.250 empresas de seis comunidades, la gran mayoría del País Vasco.
Todas ellas se beneficiaron de un ahorro estimado en unos 50 millones de euros anuales, reduciendo el coste del MWh en un 43%, reduciendo aún más una tarifa que ya les era más favorable por la distinción realizada a partir del acceso a la red en la tensión a partir de 30kV.
40 MILLONES EN LOS PG PARA COMPENSAR LA REDUCCIÓN
Esquerra denuncia que los efectos de esta medida "son selectivos territorial mente" y, además, pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario, pero es que además tiene un coste para las arcas públicas, en la medida en que los propios Presupuestos dotan con 40 millones las cuentas de la CNMC en concepto de compensación por la reducción de ingresos en el sistema eléctrico.
De las aproximadamente 4.450 compañías que no se beneficiaron por el peaje, al estar conectadas a un tramo inferior de tensión, 3.277 están ubicadas en Cataluña, y según ERC deben afrontar un sobre coste en su factura por la distinción de unos 300 millones de euros.
Por todo ello, Capdevila reclama al Gobierno a "aplicar medidas correctoras" para que las empresas conectadas a redes de distribución de entre 25kV y 30kV cuenten con las mismas tarifas y, en caso de que el nuevo Ejecutivo rechace realizar estos cambios, pregunta por qué mantendría el actual sistema "cuando la propia CNMC reconoce la inexistencia de una base o justificación técnica que la sustente".
