MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El mercado eléctrico español sufre un problema de sobrecapacidad "agudo", que se espera continúe al menos a medio plazo, por lo que no son necesarios mecanismos de remuneración de capacidad para asegurar el suministro eléctrico, que los riesgos para la seguridad del suministro "son casi nulos, incluso aún en las condiciones más extremas", según un informe realizado por el Proyecto de Asistencia Regulatoria (Regulatory Assistance Project, RAP), en colaboración con la Fundación Renovables.
Según el informe, titulado 'Limpio, asequible y fiable: Acertar con la transformación del sistema eléctrico en España', España necesita retirar plantas para establecer un mercado eléctrico "económicamente sostenible" y, a pesar de que está programado el cierre de varias plantas de carbón a corto plazo, incluso "esto sería insuficiente".
Así, considera que un "paso adelante" en esta dirección podría ser la eliminación gradual formal del carbón a medio plazo, lo que equilibraría mejor el 'mix' de recursos energéticos con los objetivos de emisiones de carbono de los Estados miembros y permitiría la existencia de recursos más flexibles, "incluyendo opciones más económicas de flexibilidad de la demanda, para participar de forma activa en el mercado y aumentar la certidumbre y confianza en la dirección tomada".
España tiene la intención de duplicar el porcentaje de energías renovables en el 'mix' eléctrico e ir de un 37% en 2015, aproximadamente, a un 74% en 2030, con la energía solar y eólica encabezando la marcha hacia esos objetivos.
Christos Kolokathis, de RAP y autor del informe, subraya que España no tiene necesidad de mecanismos de remuneración de capacidad para asegurar su suministro eléctrico y que adoptar este tipo de mecanismo "prolongaría los problemas de sobrecapacidad y retrasaría el muy necesario retiro de plantas generadoras basadas en combustibles fósiles, a un coste innecesario para el consumidor".
Por su parte, Fernando Martínez, técnico de proyectos de la Fundación Renovables, indicó que España no muestra ningún riesgo en la seguridad del suministro a medio plazo de cara a la transición en el sistema eléctrico, por lo que "es necesario adaptar el mercado estableciendo mecanismos que faciliten la gestionabilidad de la demanda y su participación en él".
