MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado ha admitido a trámite una denuncia que reclamaba investigar la sustitución de contadores inteligentes por parte de las compañías eléctricas y ha dado traslado a la Fiscalía provincial correspondiente para que investigue el contenido de la denuncia para, en su caso, depurar posibles responsabilidades penales.
Con este fin, según el escrito firmado por el Fiscal de Sala de la Sección de lo Civil, José María Paz Rubio, se designa "un fiscal especial para dirigir la investigación hasta su conclusión y, en su caso, ejercite las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de posibles actividades delictivas".
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, está fechado el pasado 28 de marzo, y con él, además de designar al instructor de las diligencias, reclama un informe sobre este asunto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La investigación tiene origen en la denuncia interpuesta por la plataforma ciudadana QAE (Quiero Auditoría Energética), pues aseguran que "no cumplen con la directiva europea de eficiencia energética".
En este sentido, sostienen que en las normas comunitarias no hay ninguna obligación de completar la sustitución de estos contadores de electricidad en el plazo alegado por las compañías, que se remitían a estas directivas en sus comunicaciones con los clientes.
Así, sostiene que las eléctricas "están amenazando a sus clientes con la interrupción del suministro eléctrico con arreglo a una normativa que no procede para el caso de sustitución de contadores, por lo que utilizan coacciones y amenazas que vienen reflejadas como un Delito en el Código Penal".
En concreto, señala que la normativa vigente detalla que la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética establece que al menos el 80% de los consumidores deberá contar con sistemas de medición inteligentes en el año 2020.
Sin embargo, tal y como asegura la plataforma, no establece ninguna 'obligatoriedad de su totalidad' como se puede comprobar en sus artículos 9 a 11 de la mencionada Legislación Europea.
