MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno está dispuesto a escuchar la posición de los distintos grupo políticos acerca de la central nuclear de Santa María de Garoña antes de tomar su decisión sobre la continuidad de esta instalación, para lo que dispone de un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), indicaron fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
En contra de otras resoluciones de cierres de centrales eléctricas, como las publicadas acerca de grupos térmicos de carbón, Energía considera que en el caso de Garoña se plantea el debate de establecer si la decisión ha de restringirse al caso particular de la central y tener un contenido técnico o si, por el contrario, ha de contemplarse de forma más amplia y tener en cuenta las posiciones políticas.
"Garoña es el primer peldaño de un debate en el que se debe ver si se tomará una decisión singular, central a central, o general", indican las fuentes, antes de considerar que la resolución la ha de emitir un Gobierno en minoría y que "no es bueno" tomar decisiones sobre política energética que no tengan continuidad en el tiempo.
En todo caso, desde Energía niegan que el Gobierno quiera usar el posible cierre de Garoña como moneda de cambio para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se muestran expectantes ante la posible presentación por parte del PSOE de una proposición de ley sobre el cierre de la central. Una ley sobre un caso único, advierten, no se puede realizar.
Lo que sí hará el Gobierno será "hablar con todo el mundo". En el caso de Garoña, resultará "interesante ver las alegaciones para encuadrar el debate" acerca del futuro del parque nuclear español. La posición del Ejecutivo al respecto pasa por defender la importancia de todas las tecnologías del 'mix' y parte de la premisa de que cerrar las nucleares puede encarecer un 25% la electricidad.
Para Energía, Garoña será el "telonero" de las decisiones sobre la continuidad de las nucleares, que se podrían plantear en la actual legislatura, indican las fuentes. La decisión sobre la renovación de la licencia de la central extremeña ha de tomarse en 2020.
